En su fallo del 7 de agosto de 2014 a raíz de un recurso de amparo que presenté, el juez porteño Marcelo López Alfonsín me cuestionó con dureza y me instó a no presentar más amparos…
Por supuesto, ya he apelado ante la Cámara semejante fallo tan caprichoso y discrecional.
El amparo en cuestión yo lo había presentado el 19 de julio junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Legislatura porteña no nombrara juez a Martín Farrell, un ex funcionario macrista responsable de habilitaciones cuando sucedió el derrumbe del boliche Beara, en donde murieron dos chicas.
Fruto del rechazo popular y del escándalo político que se generó, el macrismo se vio obligado a retirar a su postulante Farrell. Como entonces ese personaje no llegó a ser juez, nuestro reclamo “devino abstracto” (como se dice en el lenguaje judicial).
Pero el juez López Alfonsín incluyó en su fallo juicios de valor que no le corresponden. Por ejemplo, dijo que yo hice “un abuso del acceso a justicia” y que actué “con aristas de conducta temeraria”. Y en una de sus resoluciones me “exhorta a una racional y equilibrada utilización de las vías procesales constitucionales”. O sea, que deje de presentar amparos…
Reproduzco algunos párrafos de mi apelación a ese fallo:
“He presentado numerosos recursos de amparo (por el aumento del subte, por el aumento de los colectivos, por la eliminación del control de los verificadores, por el aumento de los peajes de las autopistas, contra la construcción de megatorres en Caballito, entre otros) y voy a seguir haciéndolo toda vez que lo considere necesario. Son precisamente las fuerzas políticas retrógradas, como por ejemplo el PRO, las que descalifican a los recursos de amparo como “palos en la rueda del gobierno” y buscan por todos los medios recortar ese derecho.
“Rechazo este tipo de recortes, porque defiendo en forma tajante todos los derechos y garantías y lucho por su ampliación. Esto incluye, por ejemplo, el legítimo derecho a la defensa que Ud. ejerció en 2001, en oportunidad de haber sido procesado junto al actual ministro de Cultura Hernán Lombardi por ‘defraudación a la administración pública’, es decir una estafa al patrimonio de todos los argentinos, causa penal que entendemos fue reabierta el año pasado.
“Le hago saber entonces, por medio del presente, que ante cada acto u omisión del Estado nacional o de la Ciudad que lesione o restrinja derechos de los ciudadanos haré uso de todos los mecanismos que estén a mi alcance para impedir tales actos, incluida la utilización de las vías procesales constitucionales, amparado en el acceso a la justicia reconocido en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales inobservados por la resolución del 7 de agosto del corriente año en relación al punto dos del resolutivo.
“En tal sentido, solicito se ordene al juez adecuar su resolución conforme la Constitución Nacional, la Constitución local y los tratados internacionales mencionados a lo largo del presente, absteniéndose de plantear cualquier limitación al derecho de todo ciudadano a acceder a la justicia y absteniéndose también de realizar juicios de valor subjetivos respecto de la actividad del suscripto.”
