Declaración sobre el conflicto de los suboficiales de prefectura y gendarmería (04/10/12)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación por el conflicto de los suboficiales de prefectura y gendarmería. No consideramos que estemos ante ninguna intentona golpista ni que la democracia esté en peligro. Se trata de una movilización para que les devuelvan los salarios que les quitaron y para que les incorporen al básico todas las sumas no remunerativas. Lo mismo haría cualquier trabajador su situación. En vez de atacarlos hay que apoyarlos en su reclamo, permitir que se sindicalicen, se unan al resto del pueblo trabajador y así nunca más puedan ser usados para la represión.

Fundamentos

Señora Presidenta:

El personal subalterno de la Prefectura y de la Gendarmería ha lanzado medidas de fuerza e instalado un potente reclamo en todo el país.

El detonante de la protesta ha sido un fuerte recorte salarial de entre el 30 y 60% realizado por decretos de la presidenta Cristina Kirchner.

Esta rebelión, con estado asambleario y movilización, ha interpelado fuertemente al gobierno nacional, que se vio obligado a relevar la cúpula de ambas fuerzas y anunciar que devolverá los descuentos efectuados. Los sectores en lucha exigen un nuevo decreto y difundieron otras demandas relacionadas con su salario y condiciones de trabajo.

Este conflicto muestra en primer lugar que el gobierno pretende seguir respondiendo a la crisis económica con medidas de ajuste, como lo viene haciendo con los presupuestos sociales, avanzando sobre derechos de los trabajadores y sectores populares.

Ante una rebaja salarial de tamaña magnitud estos sectores han salido a reclamar como lo haría cualquier trabajador. Más allá de las posturas reaccionarias que se han manifestado en medio de estos sectores movilizados y del rol institucional que juegan estas fuerzas, los reclamos en curso son absolutamente justos, los mismos por los que luchan miles de trabajadores que enfrentan similares medidas de ajuste salarial y laboral que se resisten a pagar la crisis que no han provocado.

Este conflicto también ha sacado a la luz, como lo hicieron las recientes huelgas policiales de Chubut y Santa Cruz, un problema estructural como es la prohibición legal a sindicalizarse que tienen estos sectores, a los cuales el Estado y sus gobiernos, quieren seguir teniendo como fuerzas subordinadas, con disciplina verticalista, que cumplan con la obediencia debida al servicio de reprimir y defender los intereses del establishment y los gobiernos de turno.

Del lado del gobierno y de esta concepción, se ha colocado gran parte del arco “opositor” como la UCR, Coalición Cívica, peronismo federal y el PRO, que se ha pronunciado en un comunicado conjunto con el Frente para la Victoria y sus aliados contra la medida de fuerza. Que también ha sido suscrito por sectores que son parte del FAP como el Partido Socialista y Libres del Sur. Y, lamentablemente, una vez más el infantilismo político de grupos de la izquierda sectaria como los nucleados en el FIT que han salido a sumar a esta argumentación con posturas condenatorias de los reclamos y abiertamente funcionales al gobierno.

Todos ellos no solamente se han colocado en la vereda del gobierno y contra estos justos reclamos, sino contra el derecho a la sindicalización de las fuerzas armadas y de seguridad, para mantener su carácter “profesionalista” al servicio de defender las medidas de los gobiernos capitalistas y divorciados del pueblo y sus reclamos.

Apoyamos las justas demandas y defendemos el derecho a la sindicalización de estos sectores, como también lo ha hecho la CTA. Para facilitar la unidad en los reclamos con los trabajadores y sectores populares, para romper con el concepto de la verticalidad y la obediencia debida, avanzando en la democratización de estas fuerzas y en que nunca más puedan ser utilizadas como fuerzas de choque al servicio de la represión en defensa del modelo capitalista y sus gobiernos de turno.

La protección sindical en las capas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaría a los subalternos a poder denunciar la corrupción de los jefes sin temor a represalias, como pasa hoy. Y a negarse a reprimir las luchas de los trabajadores y el pueblo. Por el contrario, la estructura actual es propicia para que los sectores de derecha ganen mayor peso en las filas militares y policiales.

El bloque político que cerró filas con el gobierno, quiere que estos cuerpos armados sigan siendo parte integrante y fundamental del estado y los gobiernos capitalistas y destinados a la represión de la clase trabajadora, la juventud y las luchas sociales.

Nuestra propuesta de sindicalización se une a otras propuestas para democratizar las fuerzas armadas y de seguridad como la separación de todas las cúpulas vinculadas a delitos de represión social o corrupción, la elección de los comisarios por voto popular, y el control de todo el accionar policial por comisiones vecinales y organismos de derechos humanos, entre otras medidas de fondo.

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