Playones ferroviarios de Liniers, Palermo y Caballito y Centro de Cargas Logístico: Derogación de las leyes 4.474, 4.475, 4.476 y 4.477

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OBSERVACIONObservación al Despacho Nº 420/13 de la Comisión de Planeamiento Urbano

El Despacho de Mayoría, firmado por diputados del PRO y del Interbloque K, propone archivar los Exptes. 791, 815 y 897-D-2013. De ese modo, constituye una ratificación de las leyes 4.474, 4.475, 4.476 y 4.477. Por el contrario, el Despacho de Minoría, firmado por diputados de Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos y la UCR, propone derogar las mencionadas normas.

Estas leyes en cuestión, junto a varias otras de similar carácter, fueron lamentablemente aprobadas el pasado 20 de diciembre como parte de un paquete que denunciamos púbicamente como “el pacto PRO-K”. Un toma y daca de intereses entre el gobierno nacional y su par porteño.

En esencia, el objetivo fundamental de tales normas ha sido el de adecuar y disponer predios públicos de la Ciudad para la concreción de importantes negocios privados, en especial de tipo inmobiliario, y contrariando la opinión mayoritaria de los vecinos expresada en las controvertidas audiencias públicas. A saber:

La Ley 4.475 incorporó al Código de Planeamiento Urbano los “centros de concentración logística”, para establecer servicios de carga, distribución y almacenamiento. Como complemento, la Ley 4.476 rezonifica una extensa zona de 37 hectáreas del Parque Roca para que la empresa CTC Administradora S.A. construya el Centro de Transferencia de Cargas Sur y se lo concesiona por 30 años, eximiendo además de todos los impuestos a CTC y demás compañías usuarias. O sea: un verdadero traje a medida para dicho sector empresarial, ley que por supuesto votamos en contra.

Por otra parte, y tras la desafectación del uso ferroviario decretado por el PEN, la Ley 4.477 rezonificó las tres ex playas de carga de Caballito, Liniers y Palermo para permitir la realización de emprendimientos inmobiliarios privados en una superficie total de 43 hectáreas. Cabe recordar que para evitar que la venta de tales bienes del Estado pasara por el Congreso como correspondía según la Ley nacional 19.549 de Procedimiento Administrativo, el PEN creó una sociedad anónima ad hoc constituida por la ANSeS.

Funcional a este engendro, la aprobación de la Ley 4.477 por la Legislatura -a la que también nos opusimos- no sólo implicó convalidar el shopping que el Grupo IRSA había iniciado ilegalmente en Palermo, sino avanzar con más cementación en barrios porteños ya saturados y además afectados por las inundaciones.

Por caso, el concurso del “plan maestro” de proyectos para el predio de Palermo lo ganó un funcionario macrista: el arquitecto Mario Boscoboinik, ex Director General de Fiscalización y Control de Obras, que para dichos planos utilizó personal e insumos del área estatal entonces a su cargo. El 2 de mayo impugnamos estos concursos por incumplir la propia Ley 4.477, cuyo artículo 21º obliga a convocar como observadoras a las Juntas Comunales.

En particular en el caso de Caballito, el barrio que tiene la segunda densidad poblacional más alta de la Ciudad y cuyos servicios están colapsados, la situación amenaza agravarse si al aumento de viviendas alentado por la mencionada ley le sumamos el reciente proyecto macrista para autorizarle a IRSA la construcción de otro shopping, aledaño al Club Ferro.

El Despacho de Mayoría, firmado por los diputados del pacto PRO-K, repite argumentos de un informe de la Dirección General de Planeamiento que son una verdadera pieza literaria. En jeroglífico se dice, por ejemplo, que las “condiciones de desarrollo deben ser contrastadas con los indicadores temáticos, que operacionalizan los criterios transformadores de la ciudad actual y correctivos de la ciudad tendencial”. Luego se explica “la necesidad de establecer estrategias que permitan mitigar los efectos del incremento de las precipitaciones medias mensuales y de las consecuentes inundaciones que se producen en la ciudad”.

Pero tanto tecnicismo no logra ocultar la realidad de esas supuestas “estrategias para mitigar inundaciones” que conocemos y padecemos todos los porteños. Nuestra Ciudad ya carece de espacios verdes. Si después de las inundaciones del 2 de abril el gobierno reafirma la política de cementación indiscriminada de predios públicos al servicio del negocio inmobiliario privado seguirá perjudicando la calidad de vida de los vecinos de un modo que despertaría la envidia del menemismo.

En tiempos de campaña electoral el PRO y los K suelen cruzar mucha pirotecnia verbal. Pero cuando levantan la mano para votar juntos se termina desnudando el doble discurso de ambos oficialismos.

Por todas las razones expuestas, proponemos el voto favorable al Despacho de Minoría y la anulación de estas leyes lamentables.

Diputado Alejandro Bodart

(MST-Nueva Izquierda)

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