“Pedimos la interpelación de la Ministra de Salud de Macri” (20/1/14)

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wpid-COMISION2.gifPROYECTO DE RESOLUCIÓN

Co-autores: Maía Rachid, Marcelo Ramal y Gustavo Vera

Artículo 1°. Convócase al recinto de sesiones de esta Legislatura a la ministra de Salud de la Ciudad, Dra. Graciela Reybaud, el jueves 30 de enero a las 11 horas para que dé explicaciones sobre su negativa a cumplir el fallo judicial que suspende la Resolución Nº 1657/13 de recorte de las suplencias de guardia. 

Art.2°. Comuníquese, etc.

Fundamentos 

Señora Presidenta:

El pasado 31 de octubre de 2013, la ministra de Salud Dra. Graciela Reybaud dictó la Resolución Nº 1657/13, que bajo el argumento de “ordenar” recorta significativamente las suplencias de guardia en el sistema público de salud de nuestra Ciudad.

Como es bien sabido, desde hace muchos años bajo dicha figura no solamente se cubren puestos de guardia o de emergencia sino también puestos reales de planta cuyo nombramiento todavía no se ha efectivizado.

De este modo, el arbitrario recorte dispuesto por el Poder Ejecutivo implica la rebaja salarial o directamente el despido de alrededor de 1.500 profesionales, a la vez que perjudica notoriamente la atención a los pacientes en numerosos servicios y unos 15 programas vigentes, varios de los cuales -además- están dirigidos a los sectores sociales más vulnerables.

El 27 de diciembre de 2013, a raíz de un amparo presentado por profesionales del Hospital Tornú, la Defensoría de Primera Instancia Nº 5 y el patrocinio del Defensor general de la Ciudad, la jueza en la Contencioso Administrativo y Tributario Dra. Patricia López Vergara hizo lugar a la cautelar y ordenó la inmediata suspensión de la Resolución Nº 1657/13 y que el Gobierno de la Ciudad reponga todas las horas hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Sin embargo, con la infantil excusa de que “no fue notificado”, el Gobierno de la Ciudad se niega a cumplir el fallo judicial suspensivo. Esta transgresión ilegal tiene como resultado graves perjuicios hacia los profesionales de la salud pública, que se traducen en reducciones salariales o directamente en despidos, y también hacia la atención a la población.

Este intempestivo recorte afecta a tres sectores bien definidos: el área de emergencias del conjunto de los hospitales públicos porteños, las suplencias de guardia “en planta” de numerosos servicios y los programas del SAME, en especial los de Pediatría.

En el Hospital Álvarez, concretamente, el recorte implica el desmantelamiento del equipo de atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, así como la drástica reducción de la atención de salud mental en el Hogar de Día y en el área de Adicciones. En dicho Hospital, además, bajo la modalidad de suplencias de guardia se desempañaban una especialista en infectología infantil, un ginecólogo infanto-juvenil experto en violencia sexual, una especialista en ecografía infantil y un médico cardiólogo infantil, que fruto de la Resolución han dejado de prestar servicio y no tiene reemplazo. El total de profesionales afectados es de 98.

En el Hospital Moyano, el propio Consejo de Asesoramiento Técnico Administrativo (CATA) se opuso al recorte por considerarlo “de imposible cumplimiento, en virtud de que afectaría la atención de las más de 900 pacientes internadas y de las 30.000 consultas anuales que se atienden en los consultorios externos”. Como el director, Dr. Alberto Monchablon no aplicó la Resolución porque en ese caso no se podría sostener la atención, fue separado del cargo. La directora a cargo, Dra. María Derito, la aplicó discrecionalmente y en particular desmedro del equipo de profesionales de Trabajo Social.

En cuanto al SAME, el recorte implica una rebaja salarial para los profesionales superior al 40 por ciento, la reducción del personal a la mitad y la afectación de la atención en el Programa de Atención Domiciliaria de Urgencia (PADU Pediátrico), el PADU Clínico, el programa de Gestión Organización y Regulación de Internaciones Pediátricas (GORIP), el programa Pediatra en Casa y el servicio de atención telefónica perinatal, así como la provisión de pediatras al programa Buenos Aires Presente (BAP), que atiende a niñas y niños en situación de calle.

Mientras la administración macrista se ufana mediante vistosos carteles públicos de que “La salud en la Ciudad es pública, gratuita y de calidad”, el dictado y la continuidad ilegal de la aplicación de la Resolución Nº 1657/13 de recorte de las suplencias de guardia desmiente rotunda y burdamente la propaganda oficial. Es una Resolución de ajuste y completamente injustificada, que merece ser derogada a la mayor brevedad posible.

Tan conflictiva situación en el sistema público de salud del distrito más rico del país, entendemos, amerita la presencia directa de la responsable gubernamental del área a los efectos de explicitar, responder y poder debatir debidamente la cuestión en la Legislatura.

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