Juicio politico a Macri (05/03/14)

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wpid-COMISION2.gifProyecto de Resolución 

Artículo 1º. Fórmese causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad. 

Art. 2º. A fin de cumplir lo dispuesto en el art. 1º, convócase a la Sala Acusadora para el mismo día y a la misma hora de la semana siguiente a la sesión de aprobación de esta ley, para designar su Presidente y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el art. 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura, debiendo la presidencia proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

Art. 3º. Comuníquese, etc.

Fundamentos
Sra. Presidenta:

Como es de notorio y público conocimiento, el viernes 26 de abril de 2013, durante varias horas, la Policía Metropolitana llevó adelante un operativo de represión ilegal y brutal en el Hospital de Salud Mental “José T. Borda”.

El operativo policial tuvo un carácter claramente ilegal, porque dicha fuerza de seguridad armada no contaba con ninguna orden judicial para derribar del Taller Protegido Nº 19 del Borda como lo hizo.

Muy por el contrario, el inicio de las obras de construcción del Centro Cívico “Siglo XXI” en dicho predio hospitalario se encontraba suspendido por una medida cautelar. El jefe de gobierno Mauricio Macri, su jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro, y Ud. misma, Sra. vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, faltaron a la verdad en forma pública y reiterada al sostener que la Policía Metropolitana intervino en el Borda con autorización judicial. Lo mismo repitió el ministro Montenegro en la interpelación realizada en esta Legislatura en la sesión especial del pasado sábado 27 de abril de 2013.

Ese carácter abiertamente ilegal del operativo policial lo confirman las dos resoluciones dictadas en la misma tarde de aquel viernes 26 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, firmadas por los jueces Fernando Juan Lima y Mabel Daniele:

1. Sobre el amparo solicitado por Marcelo Frondizi, delegado de ATE de Talleres Protegidos, la Cámara planteó que “no puede dejar de advertirse que el proceder adoptado por la demandada (el Gobierno de la Ciudad) viola las prácticas habituales de actuación en el marco del proceso conforme al deber de lealtad, probidad y buena fe (artículo 27 del CCAyT).

“Así, resulta adecuado recordar que la potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivarse…”

“De acuerdo con estas pautas, la conducta aquí desplegada… no puede considerarse meramente negligente, sino como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones recaídas en autos. Más allá de las particularidades y complejidades del caso, el entramado fáctico y procesal resulta claro en cuanto a la pendencia de resolución en torno al conflicto trabado, lo cual muestra la desmesura e inoportunidad del curso de acción adoptado, que más allá de los agravias que habría causado conforme a las noticias de público conocimiento, implica un inaceptable desconocimiento de la jurisdicción de esta sala.”

La consiguiente resolución del Tribunal ordenó “al GCBA que se abstenga de adoptar cualquier conducta que implique una alteración, reforma o instalación de nuevas estructuras de cualquier índole en el sitio en donde se encontraba el edificio en donde funcionara originalmente el taller protegido Nº 19, como así también cualquier medida que afecte los derechos de los pacientes del hospital José Tiburcio Borda.” y les impuso sanciones económicas de 20.000pesos cada uno a al jefe de gobierno, a su ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín y a su Procurador General Julio Conte Grand.

2. Sobre el amparo solicitado por los Diputados María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, los jueces señalaron que “el GCBA ha llevado a cabo una conducta que contraviene lo resuelto por este tribunal el 28 de diciembre de 2012” y reiteran que “debe mantenerse la suspensión del decreto 121/12 hasta tanto esta sala se expida respecto del recurso de apelación interpuesto”.

Intentando justificar el operativo en cuestión, Macri y los demás miembros del Poder Ejecutivo argumentaron una y otra vez que la policía había ido a reprimir “un delito”, pero queda claro que el único delito en el Hospital Borda fue el cometido por ellos mismos al violar la medida cautelar vigente.

Además de ilegal, como lo pudo ver el país entero en directo, la represión de la Policía Metropolitana fue brutal en varios aspectos:

1. Con palazos, balazos de goma y gases resultó herido más de medio centenar de personas, enfermeras, médicos y otros trabajadores del Hospital, pacientes del mismo, trabajadores de varios medios de prensa, una Defensora del Pueblo adjunta y varios Diputados de esta Ciudad, entre los que me incluyo.

2. A pesar de que los Diputados nos identificamos con nuestros carnets como tales ante la policía, demandamos si existía alguna orden judicial e intentamos conversar con alguna autoridad para resolver la situación, igualmente fuimos reprimidos de manera violenta. En mi caso, fui gaseado en los ojos con gas pimienta, golpeado a la vez por cuatro policías, arrojado contra un árbol y hasta hubo un disparo de bala de goma que rozó mi sien derecha, lo cual indica que los efectivos disparaban a la cabeza. Otros Diputados y Diputadas también resultaron agredidos, como Fabio Basteiro, Rafael Gentili, María Rachid y algunos más, así como la Defensora del Pueblo adjunta Graciela Muñiz.

3. A pesar de que el Taller Protegido 19 ya había sido completamente derrumbado más temprano, previa quema de objetos que había adentro por parte de la policía, desde las 10 horas en adelante la represión prosiguió al menos durante otras dos horas más, lo cual demuestra la voluntad política de Macri de pasar por arriba de las cautelares y reprimir para mostrar ante la sociedad una acción ejemplificadora frente a los reclamos sociales.

4. Existen numerosos casos de personal policial que insultó, amenazó y provocó en reiteradas oportunidades a los que nos encontrábamos presentes en el hospital, trasgrediendo inclusive cualquier protocolo de procedimiento policial vigente.

5. Fueron detenidas ocho personas, tres de ellas mujeres, y algunos mientras estaban sentados o en actitudes no agresivas.

6. En forma inédita, la represión policial fue ejercida no sólo al interior de un hospital público, sino nada menos que en uno de salud mental, en donde hay centenares de pacientes cuyo padecimiento psiquiátrico los pone en una obvia situación de riesgo. Tan es así que varios de ellos deambulaban sin rumbo por el parque en medio de los balazos. Asimismo, durante y después del violento operativo -y también en otros pabellones al verlo por televisión- numerosos pacientes mostraron signos de alteración como producto del mismo. En un hospital, que es para cuidar y curar, han lastimado cuerpos y mentes.

En síntesis: el ministro Chaín ordenó avanzar a como sea con el derrumbe del Taller 19 del Hospital Borda; el ministro Montenegro es la cabeza directa de la Metropolitana que allí reprimió en forma salvaje; el Procurador Conte Grand convalidó irregularmente dicha imposición, y el jefe policial Horacio Giménez y el subjefe Enrique Pedace condujeron el violento operativo, en tanto que el principal responsable político de todo este accionar ilegal es el mismo: el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.

Semejante accionar no está desligado de la propia naturaleza de la actual Policía Metropolitana, que no ha sido creada como un cuerpo para cuidar la seguridad ciudadana, respetuosa de los principios democráticos y con carácter esencialmente preventivo, sino como una fuerza represiva de choque para imponer las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad. En ese sentido, la reciente y repudiable represión en el Hospital Borda tiene a nuestro juicio una vinculación directa con la cuestión de “El Fino” Palacios y el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.

Macri y su Metropolitana: de las escuchas telefónicas a la represión en el Borda, ambas ilegales 

Más allá de lo que se opine sobre el juez Norberto Oyarbide y sobre la existencia o no de maniobras políticas y judiciales, el procesamiento de Mauricio Macri puso de relieve la cuestión de las escuchas, el rol de Ciro James, de Jorge A. Palacios y la conducción de la PM. El jefe de gobierno está procesado por presunta asociación ilícita en la causa que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secr. 13 (Exp. Nº 12.466/09), por la que también están procesados -entre otros- Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky y Ciro James, agente de inteligencia y ex asesor del anterior.

Dicho procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que desestimó la apelación presentada por Macri. La Cámara Nacional de Casación Penal declaró improcedente la queja presentada por Macri y dejó firme el procesamiento. El fiscal Jorge Di Lello ha solicitado hace algunas semanas el requerimiento de elevación a juicio oral y público, pedido que debe resolver el juez Sebastián Casanello que actualmente lleva la causa.

En los actuados se comprobó la existencia y montaje de una red de espionaje destinada a realizar tareas de inteligencia sobre ciudadanos: testigos de la causa AMIA, legisladores, empresarios e incluso parientes del propio Macri. El montaje de dicha red ilegal tiene origen y está íntimamente asociado, a nuestro modo de ver, a la estructura de mandos de la PM. La razón central de los problemas radica en su composición: sus niveles de conducción están mayormente ocupados por personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Federal durante la dictadura militar instalada en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Independientemente de que la causa penal por presunta asociación ilícita termine avanzando o no al juicio oral y público, a nuestro criterio sigue pendiente de un análisis exhaustivo por parte de esta Legislatura una cuestión insoslayable: la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en tan graves hechos.

En ese sentido, apenas conocidos los acontecimientos, en mayo de 2010 nuestro bloque fue el primero en presentar formalmente, a través del diputado Marcelo Parrilli, el proyecto de juicio político a Macri (Exp. Nº 1262-D-2010, 18/5//10. El mismo sentido tuvo mi primer proyecto (Exp. Nº 1.315-D-2012, 21/5/12), así como el siguiente (Exp Nº 1.085-D-2013, 29/4/13). El presente proyecto guarda coherencia con esos planteos.

Desde su creación por la Ley 2.894 el 28 de octubre de 2008, la Metropolitana mostró una serie de irregularidades que evidencian que dicha fuerza, lejos de garantizar una seguridad “democrática”, “comunitaria”, “preventiva” y “de proximidad con los vecinos” se ha convertido en una nueva versión de la Federal, vinculada a hechos de represión y corrupción. En la Ciudad hace falta un cuerpo de seguridad totalmente distinto, respetuoso de los principios democráticos, para la prevención y no para la represión, cuya cúpula no venga de la dictadura, cuyos comisarios sean electos por voto popular y tengan carácter revocable, cuyo accionar sea controlado por los vecinos y los organismos de derechos humanos, y cuyos efectivos tengan derecho a sindicalizarse.

En su momento nuestra fuerza votó en contra de la ley antes citada, en tanto que el Frente para la Victoria la votó a favor junto con el bloque del PRO. Es importante recordar que al momento de aprobarse la ley de creación de la PM era sabido, y así se denunció en la propia sesión, que Macri iba a nombrar a “El Fino” Palacios. También merece nuestra crítica el voto favorable del Interbloque K a la Ley 4.473, rechazada por nosotros y aprobada el 20 de diciembre de 2012 como parte del pacto PRO-K, para vender el ex Mercado del Plata y destinar esos fondos a la obra del Centro Cívico de Macri. Si bien el art. 4 no menciona al Hospital Borda, el texto establece que “el producido de la venta será ingresado a las partidas correspondientes con destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de la nueva centralidad en el sur de la Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo”. Y era sabido de sobra que el “requerimiento” de Macri para su megaproyecto era utilizar el predio de los Talleres Protegidos del Hospital Borda.

En cuanto a la PM, el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal Proveniente de Otras Fuerzas de Seguridad, creada por la Ley 3.255, firmado por toda la oposición, señaló: “Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”.

Quienes integraron el aparato represivo de la dictadura genocida no pueden permanecer en ninguna fuerza armada o de seguridad, hayan o no cometido delitos. Esto se funda en elementales razones de concepción democrática, ética pública e idoneidad imprescindibles para ejercer un cargo en una fuerza policial, así como en normas internacionales al respecto.

Dejando de lado esos principios democráticos, en su momento el jefe de gobierno designó en la conducción de la Metropolitana a oficiales provenientes de la Federal de la dictadura, incluso pese a los alertas previos. Así ocurrió con la designación como máximo jefe de la PM de “El Fino” Palacios, quien luego tuviera que renunciar a su cargo a partir de su procesamiento en una causa judicial vinculada al atentado a la AMIA. Macri lo designó y lo defendió como “el mejor policía del mundo”, aun a sabiendas de que estaba involucrado en dicha causa. “El Fino” también había sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su intervención en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y había sido dado de baja de la Federal por su ligazón a personas involucradas en el secuestro de Axel Blumberg.

Algo similar sucedió con el Subjefe de la PM, Osvaldo Chamorro, desplazado de su cargo por haber realizado tareas de inteligencia. A su vez el comisionado Carlos A. Roncatti, ex comisario de la Federal, tuvo que renunciar a la Metropolitana a partir de la denuncia por su intervención en la represión a los obreros de Brukman, en abril de 2003. Entre otros, también debió renunciar el comisionado Miguel Ángel F. Colombo, otro ex comisario de la Federal, vinculado al cobro de coimas en tres prostíbulos. El mismo día de los hechos del Borda otro comisionado de la PM, Ricardo Raúl Ferrón, ex integrante de la tristemente célebre área de Inteligencia llamada “Coordinación Federal” bajo la dictadura, debió ir a declarar como imputado como autor material de los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña en el Parque Indoamericano.

En su art. 47 inc. g, la Ley 2.894 prohíbe que miembros que pertenezcan a las Fuerzas Armadas puedan integrar la PM. Sin embargo, Macri dictó el Decreto 210/09 que lo habilita a incorporar personal proveniente de las FF.AA. en “la primera estructura de los mandos medios”. No obstante, de la información brindada el 25 de enero pasado por el Ministerio de Justicia y Seguridad se desprende que 186 efectivos de la Metropolitana provienen de las FF.AA. y que el 72% de ellos (135) está ubicado en los rangos operativos: oficial y oficial mayor. Macri también envió a efectivos de la PM a hacer cursos de antiterrorismo y espionaje en la ILEA (Internacional Law Enforcement Academy), en El Salvador, nuevo nombre de la vieja “Escuela de las Américas” en donde se entrenaban los militares durante la dictadura.

Semejante matriz de conformación de la conducción de la PM, junto a la contratación de un espía para supuestas tareas en el Ministerio de Educación que nunca lograron definir, dan como resultado el funcionamiento de una estructura que desarrolló probadas tareas ilegales de inteligencia y represión. Por acción u omisión, en tanto máximo representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri tiene una evidente responsabilidad política en esos hechos.

Existe un mismo hilo conductor entre los hechos ilícitos de las escuchas y la violenta represión en el Borda. Se trata de la misma Policía Metropolitana, creada para espiar y para reprimir. Y se trata también del mismo responsable político fundamental: Mauricio Macri. Por todo lo expuesto, y consecuentes con nuestro proyecto presentado en abril del 2013 bajo Exp. Nº 1.085-D-2013, lo volvemos a presentar porque el jefe de gobierno debe responder por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a través del mecanismo institucional de juicio político.

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