PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su rechazo y preocupación por el bloqueo a la Ciudad de Andalgalá por patotas a sueldo de las mineras y los allanamientos selectivos realizados por la policía provincial a los ciudadanos que luchan contra la megaminería en defensa del agua y los Recursos Naturales. Y su más enérgico repudio a la violenta represión sufrida por los habitantes de Tinogasta, que realizaban una concentración pacífica en rechazo al desarrollo de la megaminería a cielo abierto en la zona del yacimiento La Alumbrera, Catamarca.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los hechos de Tinogasta, que suceden a los ocurridos en Belén y antes en Famatina, y los que están sucediendo actualmente en Andagalá, configuran una profundización de la criminalización de la protesta social y el cercenamiento de las más elementales libertades democráticas consagradas en la Constitución Nacional.
En la ciudad de Andalgalá donde la mayoría de la población se opone a la explotación minera a cielo abierto, se ha instalado un bloqueo por parte de personal a sueldo de las empresas mineras, quienes amparados por la policía de la provincia de Catamarca, gobernada por Lucia Corpacci del Frente para la Victoria, actúan como fuerzas de choque y ocupación, intentando decidir quien puede entrar o no a la Ciudad, con el objetivo de amedrentar y evitar la presencia de periodistas, representantes de organismos de derechos humanos y todo aquel que tenga la apariencia de apoyar el reclamo en defensa del agua y la vida.
Mientras se produce el estado de sitio de la corporación minera extranjera, que se cree con derecho a actuar como en tiempos de la Colonia, seguramente por sus contactos con el poder político y judicial de la región, se están realizando allanamientos de la policía provincial, con orden de la fiscal Karina Name, contra los pobladores. Que según miembros de la Asamblea El Algarrobo, “allanan incluso casas de gente de más de 70 años, algunos que no son asambleístas, pero que solidariamente les llevan agua cuando lo necesitan”.
En Tinogasta, los vecinos que se concentraban en la Ruta Nacional 60, realizando un corte pacífico y selectivo exclusivamente destinado a impedir el paso de los camiones con destino al yacimiento La Alumbrera, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de la misma Gobernadora, disparando balas de goma, gases lacrimógenos y produciendo una agresión física directa contra los manifestantes que sufrieron traumatismos varios y debieron más de una decena ser internados en el Hospital de la zona. Como agravante también actuaron grupos de choque vinculados con la empresa.
Los pobladores de Tinogasta ejercían su legítimo derecho a manifestarse contra la Megaminería a cielo abierto, denunciando el impacto negativo a nivel ambiental, social, económico y cultural de este modelo extractivo causado por el agotamiento del agua, la contaminación de los bienes comunes, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción del paisaje, las economías regionales y el grave riesgo para la salud por la utilización y liberación de sustancias tóxicas.
La no resolución del caso de Tinogasta, así como las protestas de Amaicha del Valle, en Tucumán y las que se preparan en Andalgalá estos días a dos años de la histórica gesta ambientalista en dicha ciudad, demuestran una creciente y extendida organización territorial en defensa del ambiente, que genera el riesgo de nuevas respuestas antidemocráticas y nos obliga a pronunciarnos rechazando las mismas.
Más allá del debate y las diversas opiniones alrededor del modelo extractivo, es nuestra obligación pronunciarnos en salvaguarda del derecho a la protesta y al reclamo de las poblaciones afectadas, consagrado por las constituciones nacional y provinciales y numerosos convenios internacionales que obligan a nuestro país a su irrestricto respeto.
Asimismo expresamos la necesidad y urgencia en encarar una profunda investigación y castigo a los responsables políticos y materiales de los actos represivos e ilegales que se están produciendo, que incluya a la empresa y sus grupos de choque, las fuerzas de seguridad y aquellos funcionarios políticos y judiciales que corresponda.