PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su profunda preocupación y rechazo ante las actividades de espionaje realizadas por la Gendarmería Nacional sobre referentes sindicales, sociales y políticos, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, mediante el llamado “Proyecto X”.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En noviembre de 2011, trabajadores de Kraft-Terrabusi y PepsiCo presentaron una denuncia formal ante la justicia federal contra la Gendarmería Nacional por haber comprobado que dicha fuerza realizó tareas de inteligencia y espionaje sobre activistas y militantes de organizaciones gremiales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos.
La denuncia fue efectuada por organismos de derechos humanos y personas de trayectoria intachable: Nora Cortiñas y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Federación Internacional de Derechos Humanos, Centro de Información Judicial, Asociación de Abogados Laboralistas, Observatorio de la Justicia Argentina.
Como resultado de esas tareas, realizadas en franca violación a la Ley de Inteligencia Nacional, la Gendarmería recogió y aportó el material probatorio en diversas causas penales iniciadas en contra de referentes sindicales, sociales y políticos, el cual sirvió de sustento para intentar fundamentar el procesamiento de los mismos.
Tras un pedido judicial efectuado por el Dr. Oyarbide, juez a cargo de instruir la denuncia efectuada; el propio jefe de la fuerza, comandante Héctor Schenone, reconoció por escrito la existencia de una base de datos personales de dirigentes sindicales y políticos elaborada principalmente a través de la infiltración ilegal de personal civil en manifestaciones, asambleas y otras actividades.
Asimismo, Schenone mencionó la puesta en marcha de una operación, conocida como Proyecto X, que comprendería la inclusión de agentes infiltrados en las protestas sociales para obtener información sobre sus líderes.
Al justificar la realización de tales tareas de inteligencia, el titular de Gendarmería explicó que se llevan adelante como parte de acciones adicionales a investigaciones judiciales, que no precisó.
No obstante, salvo que estén ordenadas por la Justicia, las acciones de espionaje interno están prohibidas expresamente por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.
El mencionado informe de Gendarmería relata pormenorizadamente la medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores de Kraft, y la actitud asumida por aquellos referentes sociales y políticos que se solidarizaban con aquellos, elaborando una lista que incluía -entre otros- a trabajadores despedidos, familiares y amigos, y miembros de diferentes partidos de izquierda. Se identifica puntualmente a quienes fueron posteriormente procesados y embargados, como Vilma Ripoll, Néstor Pitrola y los delegados gremiales Ramón Bogado y Javier Hermosilla.
Este avance represivo, contrario a todo estado de derecho, resulta abiertamente violatorio de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. En este sentido, es clara la redacción de la misma cuando en su artículo 4º refiere: “Ningún organismo de inteligencia podrá… Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”
El llamado “Proyecto X” tiene por objeto recolectar datos con información que abarca desde las características de personalidad hasta la pertenencia o simpatía política, si son del ala más dura o más componedora en el conflicto, qué dijeron en las reuniones, si retiran dinero de un banco, cuánto y qué día, hábitos, creencias, detalles de índole privada. Es decir, estamos en presencia de un verdadero plan de seguimiento completo, que incluso brinda detalles respecto de discusiones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, todo ello a efectos de constituir una base de datos.
Es de destacar que en diversas causas penales iniciadas contra dirigentes políticos, sociales y sindicales -como en la causa Kraft, en trámite ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero-, los propios gendarmes al prestar declaración testimonial identifican a los imputados cotejando la base de datos que obra en poder de Gendarmería. Son verdaderos informes de inteligencia ilegales, donde se utilizan palabras tales como cabecillas o centros de reunión, en una terminología que nos recuerda la de la última dictadura militar.
Lejos se encuentra esta modalidad de ser ejecutada a instancias de juez competente. En este sentido, un caso testigo es la ya mencionada causa Kraft. En este caso, a modo de ejemplo, el juez ordena a la Gendarmería que verifique el domicilio real de uno de los dirigentes gremiales de Kraft, perteneciente a la Corriente Clasista Combativa: Ramón Bogado. A esos efectos, se le indica la dirección a Gendarmería y el personal dependiente de esta fuerza de seguridad debería únicamente dirigirse hasta el mencionado domicilio y verificar tal circunstancia. Pero en el presente caso, Gendarmería estableció una consigna permanente en la puerta de la casa de Bogado, que informa cuántas personas entran, a qué hora salen, qué se discute en ella y todos los movimientos de este dirigente.
Este accionar se corresponde claramente con lo que se da a llamar delito penal de autor, es decir la ilegítima e ilegal criminalización de personas y no de hechos o acciones exteriorizadas. En definitiva, se imputa y procesa penalmente por el mero hecho de ser un activista social o sindical, o un referente político.
Todo aquel espacio político que se reivindique democrático debe manifestar su preocupación y rechazo ante esta práctica lamentable, contraria a todo estado de derecho y que avasalla libertades individuales y colectivas.
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