La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su profunda preocupación y rechazo a la Disposición 15/2012 de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, que dispone el cierre de 221 cursos, e insta a su inmediata derogación.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
Con fecha 29 de febrero de 2012, y con la firma de su director general Maximiliano Gulmanelli, la DGEGE del Ministerio de Educación de la Ciudad emitió una sorpresiva disposición que significa lisa y llanamente el cierre de 143 grados en el nivel educativo primario y de 78 divisiones en la enseñanza media y técnica, lo que totaliza 221 cursos. Si bien esta disposición se ampara en el Decreto 1990/97, de “reestructuración organizativa” de la entonces Secretaría de Educación, constituye una liquidación de cargos docentes, evidencia la despreocupación del Estado por el desgranamiento escolar y a la vez va en desmedro de la calidad educativa.
La norma argumenta que su objetivo es “asegurar a la ciudadanía el ejercicio pleno del derecho a la educación” y que los conocimientos “resultan más enriquecidos cuando una cantidad pedagógicamente adecuada de alumnos puedan (sic) participar de él”. Sin embargo el único modo concreto que tiene la ciudadanía de ejercer plenamente ese derecho es que el Estado le garantice condiciones para evitar la gran deserción existente en las escuelas públicas. Junto a mejorar las condiciones de trabajo docente, lo que incluye salarios dignos, “el enriquecimiento de la transmisión y construcción de conocimientos” se logra con una política inclusiva que permita que todos los alumnos puedan asistir a sus respectivas clases.
Se dice también que la medida “posibilitará la apertura de cincuenta y dos (52) salas de educación inicial” y “que permitirá… el desdoblamiento de cursos con matrícula saturada en los distritos de la zona sur”. Es correcto atender la necesidad de nuevos cursos en inicial y en zona sur, pero no a costa de otras áreas del sistema educativo estatal. Al eliminar grados y divisiones la disposición debilita otros niveles, tornando así ficticia la utilidad que se declama.
Se afirma asimismo que la reestructuración “no contemplará el primer año escolar de la educación primaria… ni los últimos años de escolaridad de aquellas escuelas medias donde los alumnos comienzan a cursar sus orientaciones”. No obstante, se aplica en los primeros años del nivel medio, los de mayor nivel de deserción, pese a que en la Ciudad rige la Ley 898 de Secundario Obligatorio, cuyo objetivo -aún incumplido- era llegar al 2007 con deserción cero.
Por último, se habla de “relocalización del personal docente”, “evaluación integral de las necesidades organizativas de la jurisdicción” y “asegurar un sistema educativo equilibrado y racional”. Tales aspiraciones chocan con la realidad de la Ciudad, ya que no se ha realizado ninguna consulta seria a la comunidad educativa para tener una evaluación real de las necesidades y posibilidades. Si se aplica esta disposición habrá docentes reubicados, excluidos o precarizados al ser sustituido su cargo titular por uno interino. Por eso es cuestionada por los principales sindicatos docentes de la Ciudad.
Por estas consideraciones, proponemos la aprobación del presente proyecto.
Descargar texto completo: Rechazo al cierre de cursos
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