PROYECTO DE DECLARACIÓN
Ante el proyecto de ley de expropiación parcial de YPF S.A. enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara la necesidad de expropiar el 100% de la empresa, sin indemnización y bajo control social, como primer paso para avanzar hacia una verdadera recuperación de la soberanía energética.
Fundamentos
Señora Presidenta:
El reciente proyecto de ley enviado al Congreso por la presidenta ha reabierto el debate sobre el destino de YPF y la cuestión de la soberanía energética.
Si bien es cierto que la iniciativa ha generado expectativas en amplios sectores, también surgen legítimas dudas sobre sus razones, su significado y sus alcances.
El proyecto propone expropiar, pago mediante, el 51% de las acciones en poder de la multinacional Repsol. No afecta en cambio al 49% restante del capital, que queda en poder de Repsol, del Grupo Petersen-Eskenazi -cercano al gobierno nacional- y de otros inversores privados a través de acciones en la Bolsa.
El artículo 1º del proyecto habla de lograr “el autoabastecimiento de hidrocarburos” para “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo… y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”. Y el artículo 2º dice que el Ejecutivo nacional logrará esos fines “con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional”.
Este objetivo es ilusorio, por no decir falaz. Nunca el capital privado, y menos aún el capital privado internacional, han garantizado desarrollo con equidad social, ni creación de empleo, ni crecimiento equitativo y sustentable. Su primer, último y único objetivo es la obtención creciente de ganancias, con su secuela de desigualdad social.
Para peor, esa equivocada concepción de alianza público-privada se eleva a la categoría de un principio estratégico. En su artículo 3º, el proyecto incluye entre los “principios de la política hidrocarburífera” el inciso c: “la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”.
En 1928, el general Enrique Mosconi sostenía: “No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio […] sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital privado”. Y en su libro El petróleo argentino y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano, el 1º de agosto de 1929, lo reafirmaba aun más claramente: “Dos organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan intereses antagónicos, destinados a vivir en una lucha de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatista. Para asegurar para nuestro país la riqueza petrolera debe encararse a fondo la cuestión, siendo ello imposible de lograr mientras el Estado no monopolice íntegramente la explotación de sus yacimientos”.
En 2012, nosotros seguimos considerando plenamente válidas aquellas afirmaciones de hace más de 80 años.
En cambio, en el proyecto de la presidenta es explícita la voluntad política del gobierno nacional de no constituir una empresa petrolera estatal. Su artículo 15º señala: “para el desarrollo de su actividad, YPF S.A. continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo 2, sección 5ª de la ley 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación”.
El proyecto remitido de hecho implica reconocer el fracaso de la política petrolera oficial de los últimos años, aunque sin ninguna autocrítica. Sería largo recordar en estas líneas toda la historia negra de la entrega del petróleo argentino, que empezó con la privatización de YPF por Carlos Menem y apoyada por Néstor y Cristina Kirchner e incluye por ejemplo la creación de la pseudo-empresa pública ENARSA, la extensión de las concesiones de áreas petroleras por décadas a las multinacionales, la entrega del 25% de YPF al grupo privado Eskenazi sin aportar capital y el reparto del 100% de las ganancias como dividendos.
Esta política antinacional llevada adelante desde entonces por los sucesivos gobiernos nacionales, incluido el actual, provocó la pérdida de soberanía y del autoabastecimiento hidrocarburífero, el cese de la exploración, el agotamiento de los pozos existentes, problemas de abastecimiento de combustible y la incesante baja de las reservas de petróleo y gas, todo en el marco de una crisis energética que se ha agravado.
El proyecto de ley de la presidenta ha desatado previsibles críticas y amenazas por parte de Repsol, el gobierno español, otros gobiernos imperialistas y organismos financieros internacionales, las cuales por supuesto rechazamos de plano. El jefe de gobierno porteño se ha hecho eco de esas posturas regresivas. Más allá de esas consideraciones, y de todo el despliegue mediático oficial, en realidad lamentablemente el proyecto constituye una nueva medida insuficiente, de medias tintas, que no resuelve el problema estructural de la soberanía energética argentina.
Nuestra propuesta al respecto es que se debería expropiar el 100% de las acciones de YPF S.A. para de ese modo recuperarla como una empresa estatal, estableciendo a la vez que funcione bajo control público y de sus trabajadores. También se debería avanzar con la rescisión de los contratos en manos de las otras corporaciones multinacionales, que controlan nada menos que los dos tercios de la explotación del petróleo y gas en nuestro país.
Esta línea se enmarca en la II Causa por la recuperación de los recursos naturales, la soberanía y la defensa del patrimonio y del medio ambiente del Movimiento Proyecto Sur: “Nacionalización del petróleo, el gas, la gran minería y otros recursos naturales estratégicos. Para garantizar nuestra soberanía se considera prioritario la nacionalización de estos recursos y la consecuente disposición de la renta generada por ellos -del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares anuales- a fin de lanzar un proyecto emancipador, democrático, federal y de avanzada como respuesta a los desafíos de la actual crisis mundial. El subsuelo será considerado un dominio nacional garantizando una justa coparticipación.”
Por eso proponemos el presente proyecto de declaración.