Proyecto de Resolución
Artículo 1º. Fórmese causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.
Art. 2º. A los efectos de cumplimentar lo establecido en el art. 1º, convócase a la Sala Acusadora para el día 31 de mayo a las 11 horas para la designación de su Presidente y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el art. 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura, debiendo la Presidencia proveer todos los elementos necesarios para su funcionamiento.
Art. 3º. Comuníquese, etc.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
Más allá de lo que se opine sobre la conducta del juez Norberto Oyarbide y sobre la existencia o no de maniobras políticas y judiciales, el procesamiento del jefe de gobierno Mauricio Macri vuelve a poner de relieve la cuestión de las escuchas telefónicas ilegales, el rol de Ciro James, de Jorge Alberto “El Fino” Palacios y la conducción de la Policía Metropolitana.
El jefe de gobierno está procesado por presunta asociación ilícita en la causa que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13 de esta Ciudad, bajo expediente Nº 12.466/09, por la que también se encuentran procesados -entre otros- Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Narodowsky y Ciro James, agente de inteligencia y ex asesor del anterior. Dicho procesamiento fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
En los actuados se ha comprobado la existencia y montaje de una red de espionaje destinada a realizar tareas de inteligencia sobre distintos ciudadanos: testigos de la causa AMIA, legisladores, empresarios e incluso parientes del propio jefe de gobierno.
El montaje de dicha red ilegal tiene origen y está íntimamente asociado, a nuestro modo de ver, a la estructura de mandos de la Metropolitana. La razón central de los problemas generados radica en su composición: sus niveles de conducción se encuentran mayormente ocupados por personal proveniente de otras fuerzas de seguridad, en especial de la Policía Federal, habiéndose desempeñado en ella durante la dictadura militar instalada en el país a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Independientemente de que la causa penal por presunta asociación ilícita termine avanzando o no al juicio oral y público, a nuestro criterio sigue pendiente de un análisis exhaustivo por parte de esta Legislatura una cuestión insoslayable: la responsabilidad política del jefe de gobierno porteño en tan graves hechos.
En ese sentido, apenas conocidos los acontecimientos, en mayo de 2010 nuestro bloque fue el primero en presentar formalmente, a través del diputado Marcelo Parrilli, el proyecto de juicio político a Macri mediante Exp. 1262-D-2010. El presente proyecto guarda coherencia con el planteo que sostuvimos en aquel momento.
Desde el inicio de su creación mediante la Ley 2.894, la Metropolitana mostró una serie de irregularidades que evidencian que dicha fuerza, lejos de garantizar una seguridad “democrática”, “comunitaria”, “preventiva” y “de proximidad con los vecinos” se ha convertido en una nueva versión de la Policía Federal, vinculada a hechos de represión y corrupción. Nuestra fuerza votó en contra de dicha ley, en tanto que el Frente para la Victoria la votó a favor junto con el PRO.
A su vez, el informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal Proveniente de Otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana, formada en cumplimiento de la Ley 3.255, suscripto por toda la oposición, señaló: “Sobre los 52 altos mandos, el 73%, es decir 38 incluidos los 4 Superintendentes de la fuerza, tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar, algunos en lugares como la Superintendencia de Seguridad Federal, la División de Asuntos Políticos y comisarías denunciadas como centros clandestinos de detención, donde no pueden haber estado al margen del accionar y los crímenes del terrorismo de Estado”.
Quienes integraron el aparato represivo de la dictadura genocida no pueden permanecer en ninguna fuerza armada o de seguridad, hayan o no cometido delitos. Esto se funda en elementales razones de concepción democrática, ética pública e idoneidad imprescindibles para ejercer un cargo en una fuerza policial, así como en normas internacionales al respecto.
Dejando de lado esos principios democráticos, en su momento el jefe de gobierno designó en la conducción de la Metropolitana a oficiales provenientes de la Federal de la dictadura, incluso pese a los alertas previos a la propia creación de la policía local. Para corroborarlo, basta leer la versión taquigráfica de la sesión del 28 de octubre de 2008.
Así ocurrió con la designación como máximo Jefe de la Metropolitana de “El Fino” Palacios, quien luego tuviera que renunciar a su cargo a partir de su procesamiento en una causa judicial vinculada al atentado a la AMIA. Macri lo designó y lo defendió como “el mejor policía del mundo”, aun a sabiendas de que Palacios estaba involucrado en dicha causa. “El Fino” también había sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su intervención en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y había sido dado de baja de la Federal por su ligazón a personas involucradas en el secuestro de Axel Blumberg.
Algo similar sucedió con el Subjefe de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, desplazado de su cargo por haber realizado tareas de inteligencia. Asimismo el comisionado Carlos Alberto Roncatti, ex comisario de la Federal, tuvo que renunciar a la Metropolitana a partir de la denuncia pública de su intervención en la represión a los obreros de Brukman, en abril de 2003. Entre otros, también debió renunciar el comisionado Miguel Ángel Fausto Colombo, otro ex comisario de la Federal, vinculado al cobro de coimas en tres prostíbulos.
Semejante matriz de conformación de la conducción de la Policía Metropolitana, en sintonía con la contratación de un espía para tareas en el Ministerio de Educación que nunca lograron definir, dan como resultado el funcionamiento de una estructura que desarrolló probadas tareas ilegales de inteligencia. Por acción u omisión, en tanto máximo representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Mauricio Macri tiene una evidente responsabilidad política en estos hechos.
Por todo ello, debe responder por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a través del mecanismo institucional de juicio político.