El personal subalterno de la Prefectura y luego de la Gendarmería ha lanzado desde ayer medidas de fuerza y han instalado en todo el país un potente reclamo.
El detonante de la protesta ha sido un fuerte recorte salarial de entre el 30 y 60% realizado por decretos de la presidenta Cristina Kirchner.
Esta rebelión, con estado asambleario y movilización, ha interpelado fuertemente al gobierno nacional, que relevó la cúpula de ambas fuerzas y luego anunció que devolvería los descuentos efectuados. Los sectores en lucha exigen un nuevo decreto y difundieron otras demandas relacionadas con las condiciones de trabajo.
Este conflicto muestra en primer lugar que el gobierno pretende seguir respondiendo a la crisis económica con medidas de ajuste, como lo viene haciendo con los presupuestos sociales y avanzando sobre derechos de los trabajadores y sectores populares.
Ante una rebaja salarial de tamaña magnitud estos sectores han salido a reclamar como lo haría cualquier trabajador. Más allá de las posturas reaccionarias que se han manifestado en medio de estos sectores movilizados y del rol institucional que juegan estas fuerzas, los reclamos en curso son absolutamente justos, los mismos por los que luchan miles de trabajadores que enfrentan similares medidas de ajuste salarial y laboral, con los que el gobierno pretende hacernos pagar la crisis.
Este conflicto también ha sacado a la luz, como lo hicieron las recientes huelgas policiales de Chubut y Santa Cruz, un problema estructural como es la prohibición legal a sindicalizarse que tienen estos sectores. A los cuales el estado y sus gobiernos, quieren seguir teniendo como fuerzas subordinadas, con disciplina verticalista, que cumplan con la obediencia debida al servicio de reprimir y defender los intereses del establishmen y los gobiernos de turno.
Del lado del gobierno y de esta concepción, se ha colocado gran parte del arco “opositor” como la UCR, Coalición Cívica, peronismo federal y el PRO, que se ha pronunciado en un comunicado conjunto con el Frente para la Victoria y sus aliados contra la medida de fuerza. Que también ha sido suscripto por sectores que son parte del FAP como el Partido Socialista y Libres del Sur. Y, lamentablemente, una vez más el infantilismo político de grupos de la izquierda sectaria, como el PTS/FIT entre otros, han salido sumar a esta argumentación con posturas condenatorias de los reclamos y abiertamente funcionales al gobierno.
Todos ellos no solamente se han colocado en la vereda del gobierno y contra estos justos reclamos, sino contra el derecho a la sindicalización de las fuerzas armadas y de seguridad, manteniendo su carácter “profesionalista” al servicio de defender las medidas de los gobiernos capitalistas y divorciados del pueblo y sus reclamos.
Nosotros apoyamos los justos reclamos y defendemos el derecho a la sindicalización de estos sectores, como también lo ha hecho la CTA.
Para facilitar la unidad en los reclamos con los trabajadores y sectores populares, para romper con el concepto de la verticalidad y la obediencia debida, avanzando en la democratización de las fuerzas y en que nunca más puedan ser utilizadas como fuerzas de choque al servicio de la represión en defensa del modelo capitalista y sus gobiernos de turno.
La protección sindical en las capas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaría a los subalternos a poder denunciar la corrupción de los jefes sin temor a represalias, como pasa hoy. Y a negarse a reprimir las luchas de los trabajadores y el pueblo. Por el contrario, la estructura actual es propicia para que los sectores de derecha ganen mayor peso en las filas militares y policiales.
El bloque político que cerró filas con el gobierno, quiere que estos cuerpos armados sigan siendo parte integrante y fundamental del estado y los gobiernos capitalistas y destinados a la represión de la clase trabajadora, la juventud y las luchas sociales.
Nuestra propuesta de sindicalización se une a otras propuestas para democratizar las fuerzas armadas y de seguridad como la separación de todas las cúpulas vinculadas a delitos de represión social o corrupción, la elección de los comisarios por voto popular, y el control de todo el accionar policial por comisiones vecinales y organismos de derechos humanos, entre otras medidas de fondo.
Dirección Nacional del MST
