Equiparación del salario de los funcionarios políticos al de una Directora de escuela de jornada completa (19/09/13)

Proyecto de Ley

Artículo 1°. A partir de la sanción de la presente ley, las dietas de las/os legisladoras/es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se equiparan al salario de un/a director/a de escuela del distrito, de jornada completa, con diez (10) años de antigüedad.

Dicho monto se actualiza únicamente de acuerdo a los aumentos salariales docentes.

Art. 2°. Lo establecido en el artículo 1º se aplica también al salario del/la jefe/a de gobierno y el/la vicejefe/a de gobierno, los/as ministros/as y funcionarios/as políticos/as con nivel de director general o superior del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, los/as funcionarios/as de los órganos de control, los/as miembros de las juntas comunales y los/as directores/as del Banco Ciudad, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, y los entes interestaduales.

Art. 3º. Se invita a ambas cámaras del Congreso nacional y a las legislaturas y senados provinciales a adoptar idéntico criterio.

Art. 4°. Comuníquese, etc.

Fundamentos

Sra. Presidenta:

Una de las tantas expresiones del profundo distanciamiento existente entre la enorme mayoría de los gobernantes y los funcionarios políticos y la vida cotidiana del pueblo trabajador es la desigualdad entre sus respectivos niveles salariales.

Mientras la canasta familiar en el mes de julio de este año alcanzó la cifra de 8.327 pesos, el ingreso salarial bruto promedio de ese mismo mes según el INDEC fue de 7.348 pesos, es decir no llega a los 6.100 pesos de bolsillo.

En cambio, para el mismo mes de julio el salario neto de la presidenta de la Nación rondó los 56.100 pesos ; el del jefe de gobierno de la Ciudad 33.102 pesos y, el de un legislador porteño, 25.489 pesos. En los tres casos, el cálculo del monto neto ya incluye la deducción por el Impuesto a las Ganancias correspondiente.

Cabe recordar que en nuestra Ciudad los salarios docentes, al igual que los del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, no alcanzan niveles que realmente se puedan considerar dignos. Además, una parte de dichos montos todavía se sigue abonando como conceptos no remunerativos, circunstancia que perjudica significativamente los futuros haberes jubilatorios.

Debido a estas razones, desde nuestro espacio político bregamos por una verdadera recomposición y blanqueo en materia salarial, que a su vez debería incluir mecanismos de actualización automática de acuerdo a la inflación real.

En tanto esto no ocurra así, equilibrar al menos parcialmente las condiciones materiales de vida de los gobernantes y los funcionarios políticos a las de los ciudadanos y ciudadanas que pretendemos representar contribuiría, sin duda alguna, a una mayor sensibilidad y reflexión a la hora de decidir y de legislar sobre las políticas públicas que afectan la vida de millones de personas.

Es por estas valoraciones que estamos proponiendo el presente proyecto de ley. En concreto, al mes de julio pasado que hemos tomado como parámetro, el sueldo neto de un director o directora de escuela pública de nuestra Ciudad, de jornada completa, con 10 años de antigüedad, era de 10.856 pesos.

Esa misma cifra será entonces la percibida por la totalidad de gobernantes y funcionarios políticos de nuestro distrito, de aprobarse nuestro proyecto. Por otra parte, todo aumento únicamente podrá provenir de un incremento a los salarios docentes, de modo de mantener la equiparación fijada.

Tomando como un antecedente el Exp. Nº 3.455-D-2001 presentado en esta misma Legislatura en julio del año 2001 por nuestra entonces diputada Vilma Ripoll, presentamos este proyecto.

Lo hacemos como parte de una serie de propuestas de control social a los funcionarios políticos, quienes por ejemplo también deberían estar obligados a atenderse ellos y sus familias en hospitales públicos y educar a sus hijos en escuelas públicas, así como ser revocados de sus cargos si incumplen sus promesas electorales.

Estamos plenamente convencidos de que la aprobación de este proyecto de ley, y desde ya sin negar las evidentes divergencias políticas e ideológicas, constituiría un paso efectivo y no menor en el sentido de la ética pública.