Compromiso de los candidatos en las boletas electorales
Artículo 1º. A partir de la sanción de la presente ley, todas las boletas electorales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben contener al dorso las principales propuestas que los/as candidatos/as se comprometen a llevar adelante en caso de resultar electos/as.
Dicho requisito rige para las categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, Legisladores/as y Miembros de Juntas Comunales, y no será oficializada toda aquella boleta que lo incumpla.
Las propuestas explicitadas por cada lista deben ser diez (10) como máximo, se presentan a la autoridad electoral conjuntamente con los/as candidatos/as y su extensión se determina por vía reglamentaria.
Art. 2º. Excepto por causas o circunstancias ajenas a la voluntad del/de la funcionario/a electo/a, su incumplimiento del compromiso establecido por el artículo 1º de esta ley se considera mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Una vez finalizado su mandato, dicho/a funcionario/a queda inhabilitado/a para ocupar cargos públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de diez (10) años.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide la facultad legislativa de realizar el juicio político durante el mandato, según el procedimiento vigente.
En caso de que durante su mandato el/la funcionario/a electo/a hubiere causado daños y/o perjuicios a la comunidad, debe responder con su patrimonio.
Art. 3º.- Se invita al Congreso de la Nación y a las cámaras legislativas provinciales a adoptar idéntico criterio.
Art. 4º. Comuníquese, etc.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
A fin de fortalecer el vínculo de confianza entre la Ciudad y los postulantes a cargos públicos; es decir, en aras de lograr un mayor compromiso por parte de los actuales y futuros representantes del pueblo ante la comunidad en su conjunto, y en nuestro carácter de ciudadanos comunes, venimos a formular el siguiente proyecto, que deseamos someter al trabajo participativo de todos y cada uno de los diputados de esta Legislatura.
Nuestra propuesta consiste en una ley que disponga una mejora cualitativa sobre la forma y los alcances jurídicos de las propuestas y promesas electorales que realizan los postulantes en campaña, como así también en cumplir la necesidad de la ciudadanía de saber a ciencia cierta qué van a hacer nuestros representantes si acceden a sus cargos, aunado a la imposición de una sanción en casos de incumplimiento.
Los cambios que promovemos sin duda traerán confianza y esperanza a toda nuestra ciudadanía, ya que los vecinos estaremos entusiasmados al saber que hemos logrado el dictado de una ley que exige como requisito una innovadora y superadora forma de realizar propuestas electorales. Las consecuencias indirectas de su dictado, además de traer transparencia, son el planificado progreso de nuestra Ciudad y la elección de un programa político en forma conjunta con nuestros representantes.
Sabemos que es usual que muchos políticos, en campaña, formulen diversos tipos de promesas electorales, a veces ambiguas, y no todos expliciten qué acciones en tal sentido promoverían durante su mandato si resultan victoriosos. Hoy vemos más slogans que propuestas concretas. Existe entonces una gran necesidad de información. Del modo propuesto, la ciudadanía en general podrá votar y decidir con conocimiento directo sobre los programas de gobierno, abandonando la vieja costumbre de conceder todas las voluntades con el voto.
En general, la distancia entre las promesas de los políticos en campaña y la realidad de su gestión una vez llegados al cargo ha generado a lo largo de nuestra historia cierto índice de descreimiento hacia el eventual cumplimiento de las propuestas. A nuestro modo de ver, mejores y más comprometidas propuestas conllevará a mejores gobiernos. Por otro lado, mayor compromiso es afianzar y fortalecer la relación entre votante y postulante, hoy categóricamente debilitada.
En concreto, proponemos que las principales propuestas figuren por escrito en las boletas electorales, en una suerte de contrato político público, como así también disponer la inhabilitación de los funcionarios en caso de incumplimiento y la obligación de responder por los eventuales daños y perjuicios que durante la gestión se causaren sobre la comunidad.
En efecto, así como cuando un usuario adquiere un producto o un servicio y existe un contrato que establece mínimas condiciones de compromiso, calidad y/o garantía, dicha situación bien podría asimilarse a la situación representante-representado frente a las promesas electorales. Una mayor información hacia el ciudadano y un mayor compromiso de parte del representante, reiteramos, fortalecerá la distante y débil relación que poseemos actualmente.
Por otro lado, es dable destacar que son varios los líderes políticos de esta Ciudad que vienen pregonando la necesidad de votar por propuestas más que por personas, a fin de concientizar a la ciudadanía respecto de qué es lo que van a hacer los funcionarios una vez que obtengan un cargo a través de una elección democrática.
A nuestro modo de ver, una de las principales crisis de confianza ciudadana se debe a la mala calidad de las promesas electorales y a su falta de compromiso. Hoy se vota a los candidatos más por su carisma que por sus ideas. Eso sin duda debilita el poder ciudadano, ya que lo delega todo su poder con su voto, sin contar con mecanismo efectivo de control alguno hasta la próxima elección.
Por cierto, consideramos que a un gobernante o representante electo que no cumple desde su cargo público aquello que prometió en tiempos electorales le cabe la figura de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en los mismos términos que el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad establece como causal de juicio político. En caso de no haber honrado su compromiso, entendemos que dicho funcionario debe ser inhabilitado por carecer de la idoneidad ética y política necesaria para volver a postularse como candidato a un cargo público electivo.
Por otra parte, en general los líderes políticos son concientes de que todos los gobiernos deben tener políticas a largo plazo que trasciendan los mandatos y/o programas de gobierno debidamente planificados, promoviendo incluso obras estratégicas que muchas veces habrá de inaugurar una futura gestión. Esto lo escuchamos en todos los programas y es el momento de ser coherentes con los discursos, asumiendo nuevos compromisos a favor del control ciudadano y dando así el ejemplo sobre la comunidad porteña y el país.
Lo que proponemos, en concreto, es que la propia boleta electoral -abogando además para se implemente de una vez por todas la boleta única- contenga las principales propuestas, proyectos y/o compromisos de cada lista, bajo sanción de responder en caso de incumplimiento o por daños y perjuicios causados por cada postulante que resulte elegido. Ello conllevará a que el ciudadano tenga un mayor grado de confianza, de paz, de seguridad, de previsibilidad y control sobre los actos de los dirigentes luego de que éstos comiencen a ejercer sus actos de representación.
A su vez, este mecanismo permitirá hacer explícitas las intenciones políticas de nuestros representantes al comprometerse con la ciudadanía, o contrariamente encontrar las excusas necesarias para no hacerlo. Al igual que en el país, legítimamente en la Ciudad se reclama un mayor compromiso público por parte de nuestros dirigentes.
Así el ciudadano va a poder controlar el cumplimiento o no de los programas de gobierno y comparar unos con otros. Mayor conocimiento traerá mayor participación y mejor debate. Es de desear que los debates eleven su nivel, giren acerca de los proyectos concretos y el mejor futuro que cada uno de los postulantes cree posible. Si aprueban esta ley, sabremos que han elegido comprometerse con los derechos democráticos de la ciudadanía.
Como corolario, enumeramos las ventajas que, de aprobarse la presente ley, lograríamos todos los vecinos de la Ciudad: 1) Tendríamos acceso a mayor información y control ciudadano sobre los programas de gestión de gobierno; 2) Habría un mayor compromiso público asumido por parte de nuestros representantes. Ergo, mayor previsibilidad, menor improvisación y mejor futuro; 3) Seguramente surgirían mejores propuestas de gobierno, más precisas y superadoras respecto de las anteriores.
Mejorando a través de esta sencilla ley la calidad de las propuestas electorales y el compromiso de los representantes podríamos confiar en que vamos a tener una mejor Ciudad, más alejada de la improvisación y más cercana a una planificación ejemplar. Sería un avance en la democracia participativa que dispone nuestra Constitución y que a menudo pregonan los propios legisladores a través de los medios de comunicación.
Por último, y sin perjuicio de que nuestro proyecto originario lo era a nivel nacional, les informamos que todo esto que hemos puesto en su conocimiento no son improvisaciones de unos pocos, sino la opinión verdadera de las más de 30.500 personas que hasta la fecha apoyan esta propuesta en facebook y los 7.600 firmantes que obran en el sitio Change.org , cuyas opiniones personales invitamos a leer.