La Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV) dio hoy una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para rechazar la disolución de su registro anunciada por Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). La arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta de la APPV, señaló: “No me sorprende, porque hace rato nos vienen fustigando. Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Nuestro registro nació en el 2000 ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas.”
La ingeniera María Cristina Siga, verificadora y miembro de la APPV, agregó: “Nuestra tarea es verificar que lo hecho en obra coincida con el plano registrado. Si hay divergencias lo informamos y luego quien decide qué hacer es el gobierno porteño, que tiene el poder de policía a través de sus inspectores.”
El ingeniero Edgardo Castro, inspector porteño y delegado de ATE Subsecretaría de Trabajo, añadió: “El gobierno macrista debilita todos los controles públicos: intentaron vaciar nuestro Cuerpo de Inspectores y ahora pretenden eliminar la función de los verificadores.” Los diputados Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda), Virginia González Gass (UNEN), Marcelo Ramal (FIT) y la ex legisladora María José Lubertino adhirieron al reclamo de continuidad de los verificadores.
Bodart señaló: “Es un decretazo ilegal, que perjudica los controles y habilita la corrupción. Es ilegal porque a los verificadores de obras los incluye la Ley 4.268 y eso sólo podría cambiarse por ley y no por decreto. Disolver esta tarea, creada en el 2000 precisamente para combatir la corrupción, es dar luz verde a las irregularidades en las áreas de registro y control, lo que además de coimas implica riesgos.”
