Buenos Aires, 9/3/16
Al Secretario de Seguridad Interior
Gerardo F. Milman S / D c/ copia a la ministra Patricia Bullrich
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para reiterarle, como le he planteado en la conversación telefónica que mantuvimos, mi coincidencia en abrir una “instancia de diálogo”, por ejemplo concretando a la brevedad una reunión.
A la vez, aprovecho para señalar mi discrepancia con su valoración y la de la ministra Patricia Bullrich sobre lo supuestamente “violento”, “no procedente” o “sinrazón” de nuestras recientes protestas. La libertad de expresión y los derechos democráticos básicos a reunirse, a manifestary a peticionar a las autoridades están consagrados por la Constitución Nacional y por varios tratados internacionales de rango constitucional. Por ende, en un Estado de derecho el gobierno debería garantizarlos en forma efectiva.
Por ejemplo uno de esos tratados, la Resolución 22/10 de la Comisión de DD.HH. de la ONU, “Insta a los Estados a favorecer las manifestaciones pacíficas facilitando a los manifestantes el acceso a espacios públicos”. Y señala: “Los Estados deben velar por que todos los sectores de la sociedad puedan ejercer sus derechos humanos sin discriminación ni temor a la violencia al participar en manifestaciones pacíficas. Los Estados no deberían considerar las manifestaciones pacíficas una amenaza sino que deberían permitirlas y facilitar su realización”. ¿A Ud. le parece que el protocolo “cinco minutos o los sacamos” favorece y facilita el ejercicio de esos derechos?
Nuestra protesta anti-protocolo fue contra su carácter represivo del reclamo social y su inédito corralito a la prensa, no realizada en la puerta sino en la esquina del domicilio de la ministra. Nuestra protesta contra el pago a los fondos buitres fue llevarle al ministro Alfonso Prat Gay el premio “Cavallo del año”. Ambas acciones no tuvieron nada de violentas: fueron pacíficas y, la última, también irónica, en la vereda de enfrente y permitiendo el paso de vehículos y vecinos. Creo que, en realidad, al gobierno le molesta que cuestionemos sus políticas antipopulares. Cuando su Ministerio acusa a nuestros actos de “violentos” e “intimidatorios” y anuncia “no vamos a tolerar”, ¿quién intimida? ¿Cree que así se favoreceel diálogo y se facilita el derecho a manifestar? ¿Qué marco jurídico democrático avalaría esa amenaza oficial de “no tolerar”?
Si el problema es protestar ante el domiciliode tal o cual ministro, le aclaramos que en nuestro país el señalamiento público y no violento de responsabilidades nació del movimiento de derechos humanos ante la falta de justicia. Los ministros y funcionarios políticos eligen serlo, nadie los obliga y deben hacerse cargo de las medidas de gobierno que dictan. Si su gobierno despide por miles, ajusta, hipoteca nuestro futuro, cercena derechos y reprime, ¿además pretende ponernos mordaza, en una suerte de democracia tutelada y autoritaria?
No podemos dejar de refutar enérgicamente a los diputados del PRO, que -según publicaron algunos medios- asimilan nuestros actos a “los más oscuros momentos de nuestra historia”. Salvo que se adhiera a la nefasta teoría de los dos demonios, recordamos que lo que hubo aquí es terrorismo de Estado. Para una corriente como la nuestra, con más de un centenar de desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida, es una ofensa de baja estofa. Azuzar desde el poder semejante clima es habilitar ataques o tiroteos a locales y actos opositores, como ha sucedido.
Por último, si se nos plantea “protesten ante Economía”, decisión que en todo caso es nuestra, al menos retiren de una vez las vallas que desde hace años mantienen cercado dicho ministerio y también la Casa Rosada.
Sin otro particular por el momento, y en espera de concretar una reunión, saludo a Ud. muy atentamente.
Alejandro Bodart, Secretario general del MST
