El gobierno tiene el plan de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Es un efectismo electoralista e inútil, que además demoniza a la juventud. Al revés de lo que se cree, según los datos oficiales sólo en el 3,7% de los delitos participan menores y los detenidos de 14 y 15 años por delitos muy graves son sólo el 1,3 por mil del total: apenas 96 sobre 72.693 presos. Bajar la edad no mejoraría en nada la seguridad sino que estigmatizaría aún más a los jóvenes, a la gran mayoría de los cuales esta sociedad desigual no les ofrece ninguna perspectiva de progreso.
El régimen penal juvenil necesita una reforma, pero no en el sentido más punitivo que pretende ir Mauricio Macri sino hacia la recuperación y reinserción social de los pibes que cometieron delitos. La Argentina ya fue condenada en 2013 por la CIDH porque mantenía jóvenes presos a perpetua por delitos cometidos cuando eran menores. Con un millón y medio de pibes ‘ni-ni’ en el país, lo que hace falta en vez de bajar la edad de imputabilidad es un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil.
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