Proyecto de declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su preocupación ante la ocupación de los tribunales bonaerenses por parte de la policía provincial e insta a las autoridades de los poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a encaminar el conflicto con los trabajadores judiciales a través del diálogo y la negociación.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
Desde el 7 de febrero pasado, los trabajadores judiciales bonaerenses vienen llevando a cabo medidas de fuerza. Así lo han decidido en forma democrática, reunidos en asambleas permanentes en cada Departamental. Realizaron varios paros generales con movilizaciones a La Plata, a esta Ciudad y a la Corte Provincial para exigir un incremento salarial y la restitución de la Ley Porcentual.
Dicha ley, derogada por la dictadura militar, restituida en democracia y nuevamente derogada en 1993 por el ex gobernador Eduardo Duhalde, consiste en un enganche de los sueldos de los empleados con los jueces de la Suprema Corte Provincial. Así, cada vez que a los integrantes del máximo Tribunal se les otorga un aumento, los sueldos de los trabajadores suben un porcentaje. Esto garantiza un salario digno y que se vaya achicando la gran brecha social, ya que un ingresante cobra hoy apenas unos $ 2.700 y un oficial primero, con 10 años de antigüedad, $ 4.500, mientras que un juez de la Corte bonaerense cobra entre 70.000 y $ 90.000, más otros ingresos.
Desde hace más de dos semanas, en la Provincia de Buenos Aires se está viviendo una situación casi sin precedentes en la historia de los tribunales del país. El Ejecutivo y la Corte, en obvia sintonía, decidieron militarizar todos los edificios judiciales como respuesta al conflicto que, desde hace casi ya tres meses, mantienen con los trabajadores judiciales. Ni siquiera bajo la última dictadura se vio semejante presencia policial en los edificios tribunalicios de la provincia.
Entendemos que, como cuerpo legislativo, resulta imperioso manifestar nuestra preocupación y rechazo ante este tipo de prácticas erradicadas de la historia reciente de nuestro país, máxime cuando provienen del propio Estado. Además de haber militarizado los lugares de trabajo se realizaron tareas de vigilancia e inteligencia, como las denunciadas por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en la jornada de protesta del jueves 3 de mayo. La denuncia de dicha entidad gremial fue acompañada por numerosos elementos probatorios, señalando un accionar intimidatorio frente al legítimo reclamo de los empleados judiciales. También se ha denunciado tal situación ante la Comisión Provincial por la Memoria, la que ha exigido el cese inmediato de tales prácticas persecutorias y la investigación de los hechos.
En el marco del conflicto, desde el Ejecutivo provincial no se ha dado respuesta satisfactoria a la demanda salarial ni al planteo de un proyecto para ir restituyendo la Ley Porcentual. Y esto pese a que el propio gobierno provincial ha convocado a la AJB a varias reuniones para tratarlo, ha reconocido públicamente la legitimidad del pedido y los compromisos preexistentes para hacerlo. Se prolonga así un conflicto que lleva casi tres meses sin solución y afecta seriamente el desarrollo de las actividades de la Justicia provincial.
En vez de priorizar el diálogo y la negociación para dar solución a las demandas, la medida tomada por el gobierno provincial con la clara intención de intimidar a los trabajadores fue la de militarizar los edificios de todas las Departamentales judiciales. La Policía Bonaerense y su Infantería rodean a los trabajadores durante sus asambleas y en los lugares de trabajo.
Nos generan además una grave preocupación los hechos de espionaje, inteligencia y vigilancia denunciados por la AJB por parte de personal de las fuerzas policiales. Esto no sólo está totalmente reñido con sus funciones, sino también con las libertades democráticas que tanto le costó a nuestro pueblo reconquistar y que asimismo consagran la Constitución nacional y todas las Constituciones provinciales.
Pese a la militarización de sus lugares de trabajo y al padecimiento adicional de los descuentos salariales por los días de paro, los judiciales bonaerenses continúan llevando adelante su justo reclamo y reivindican un modelo de justicia acorde con los valores democráticos, de libertad, igualdad y justicia social que tanto se declaman.
Ante la gravedad de los hechos referidos, y en resguardo de la integridad de los trabajadores judiciales afectados y del respeto a los derechos democráticos y sindicales más elementales, solicitamos la aprobación del presente proyecto.