Observación al Despacho 481/13 de las Comisiones de Transporte y Presupuesto
El Despacho de Mayoría firmado por los diputados del oficialismo aconseja sancionar el proyecto de ley del jefe de gobierno (Exp. 3566-J-2013) para aprobar los “Pliegos de Bases y Condiciones Generales, particulares y de especificaciones técnicas que regirán el llamado a Licitación Pública Nacional para la concesión de la prestación de los servicios relacionados con el servicio público del Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad”. Largo título para una realidad más concreta: instalar parquímetros en media Ciudad.
La regulación del estacionamiento es uno de los aspectos centrales para el ordenamiento del tránsito y tiene como objeto optimizar y racionalizar el uso de la vía pública. Pero este proyecto no es más que una herramienta recaudatoria, que aumenta la presión fiscal sobre el conjunto de los habitantes de la Ciudad.
El proyecto propone afectar al sistema de estacionamiento regulado más del 50% de los espacios aptos para estacionamiento. Contrariando el art. 8 de la Ley 4.003, que se refiere a las “arterias principales en áreas céntricas”, ahora se habilita la colocación de parquímetros en un conjunto de calles y pasajes que por su tamaño ubicación y nivel de circulación están lejos de ser encuadradas en dicha categoría.
Con el argumento de mejorar el tránsito, se pretende extender el estacionamiento regulado a barrios que sin tener la intensidad y la demanda de espacios para estacionar van a terminar con un problema que no tenían.
Además la finalidad recaudatoria parece tener beneficiario. De la confección del pliego, que dividiría a la Ciudad en 5 zonas, las condiciones establecidas otorgan puntaje adicional a las dos empresas privadas que actualmente están a cargo de la concesión: STO (Dakota) y SEC (BRD). Ambas empresas manejan el negocio desde la administración Grosso y sus contratos, vencidos desde 2001, fueron prorrogados una y otra vez hasta la fecha.
Como si fuera poco en los pliegos de bases y condiciones se otorgan “incentivos” a las empresas por el correcto funcionamiento del sistema y de las máquinas ticketeadoras, o sea, que habrá un beneficio adicional por el simple cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Mientras se persigue a los “trapitos” acusándolos de privatizar el espacio público, esta verdadera privatización del espacio público suma resistencias día a día entre los vecinos y pequeños comerciantes, que se han expresado por diferentes vías. Y a pesar de que el despacho de mayoría dice que “la Comisión convocó a las Juntas Comunales para conocer las opiniones y aportes que desde su conocimiento territorial podrían sumar al proyecto”, lo cierto es que solo fue una formalidad. Desde el Ejecutivo mandaron funcionarios con un power point para presentarles el proyecto a los comuneros, lo cual dista mucho de ser una consulta genuina a los Consejos Consultivos Comunales y a los vecinos en general.
Esta ley no solo no ayuda al ordenamiento del tránsito, sino que además en realidad tampoco desalienta el uso del automóvil. Un frentista que decidiera dejar su vehículo particular y trasladarse en transporte público durante la semana, terminaría pagando entre 90 y 180 pesos por día (según el tipo de tarifa de su zona) por estacionar frente a su propia casa. Estos montos, que van desde los 520 pesos mensuales, se transforman en un impuesto regresivo que en muchos casos es superior a lo que los contribuyentes pagan por Patentes. Contradictoriamente a lo que se argumenta, se premiaría a quienes utilizan su vehículo y se castigaría a los que opten por el transporte público.
La única solución a los graves problemas de tránsito y estacionamiento de la Ciudad es fortalecer el sistema de transporte público de manera integral. Para desalentar el uso del auto, no sirven más Metrobus privados sino extender y desarrollar fuertemente la red de subterráneos. Como lo hemos sostenido en ocasión de la prórroga de la concesión privada del servicio de grúas y playas de estacionamiento, el Estado de la Ciudad puede y debe asumir por sí mismo la prestación de dicho servicio y también el de parquímetros. Esta recuperación permitirá no sólo reducir los costos económicos, ya que no habrá que solventar las ganancias de concesionarias privadas, sino también mejorar el funcionamiento y el control, ya que el servicio lo opera el propio Estado.
En función de todo lo expuesto, proponemos la sanción de la siguiente:
Ley
Artículo 1°.- A partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toma a su cargo la prestación del servicio de grúas para el traslado de vehículos mal estacionados desde la vía pública hasta las playas destinadas para su guarda.
Art. 2º. El servicio arriba citado incluye la operación de las playas de guarda para los vehículos acarreados y el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Regulado.
El Estacionamiento Regulado no se extenderá a nuevas zonas más allá de las existentes al momento de sanción de la presente ley.
Art. 3°.- A los fines dispuestos en los artículos 1º y 2º, el Poder Ejecutivo incorpora al personal de las ex concesionarias de los mencionados servicios.
Art. 4°.- Comuníquese, etc.