Proyecto de resolución
Artículo 1°.- Cítese con carácter de urgente a esta Legislatura al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, a una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad, Planeamiento Urbano y Legislación del Trabajo a fin de explicitar las causas, alcances y consecuencias de la disolución de la tarea de los Profesionales Verificadores de Obras, Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones Sanitarias y Fachadas dispuesta por el reciente Decreto Nº 271/14 y otros aspectos vinculados a los controles públicos.
Art. 2°.- Comuníquese, etc.
Fundamentos
Señora Presidenta:
Con el Decreto 271/14, bajo la generalidad de “continuar con las mejoras en el ejercicio del poder de policía” y sin un solo argumento concreto, la gestión macrista acaba de disolver de un plumazo las tareas de control público que en la Ciudad de Buenos Aires realizan los Profesionales Verificadores de Obras, Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones Sanitarias y Fachadas, algunas de las cuales venían funcionando desde hace 14 años.
Nuestra ciudad es la de Cromañón, Once, Beara y los derrumbes en obras de construcción, tragedias todas ellas evitables y vinculadas a la falta del debido control por el Estado respecto del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Por ende, cualquier medida que implique modificar tales controles debe ser cuidadosamente evaluada. No es éste el caso.
Los Profesionales Verificadores surgieron en el 2000 como un mecanismo alternativo y externo precisamente a fin de combatir las prácticas de corrupción que por desgracia fueron y siguen siendo tan habituales en los organismos de la administración pública. Son profesionales universitarios -arquitectos e ingenieros-, idóneos e independientes del Estado, a quienes por sorteo el GCBA les adjudica el control de obras, habilitaciones, ascensores, etc. Los Profesionales Verificadores de Obras, por ejemplo, constatan si los planos registrados coinciden con la obra real o no y elevan un informe a la autoridad gubernamental. Como ésta obviamente es la única que tiene el poder de policía, informe en mano debe resolver si autoriza que siga la obra, la clausura u ordena otras medidas.
El mecanismo sirvió. Por eso en 2003, cuando se creó el registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones vía el Decreto 2.115/03, éste se basaba en la necesidad de “que se diseñen mecanismos de control novedosos y ágiles, ejecutados por profesionales especializados… Que resulta indispensable instrumentar respuestas flexibles, eficientes y transparentes… Que resulta conveniente aprovechar las exitosas experiencias recogidas en materia de obras e instalaciones, de modo tal de plantear un esquema similar en materia de habilitaciones…”
A partir de fines de 2007, cuando mediante la Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el funcionamiento de los registros de Verificadores pasó a depender de dicho organismo. En estos años, la gestión macrista ha venido debilitando los controles públicos: no sólo redujo la cantidad de verificaciones encomendadas, sino que además complicó los trámites para los Profesionales Verificadores y les paga poco y varios meses tarde. Luego también desarticuló las verificaciones de habilitaciones y ascensores. Ahora, en una nueva ofensiva, lisa y llanamente disuelve todas las verificaciones mediante el Decreto 271/14, fechado el 4 de julio pasado pero recién publicado en el Boletín Oficial el 18 de julio.
Según informa el diario Clarín del 15 de julio, antes de la publicación del decreto, “en la Agencia explican que en los últimos tres años, a través de la línea para reclamos que tiene el Gobierno porteño, con el número 147, recibieron 14.000 denuncias por obras que, pese a haber pasado la verificación, tenían irregularidades.”
“Los verificadores controlaban que la obra se correspondiera con el plano. Pero como no tenían poder de policía, si había diferencias no podían clausurarla y sólo podían elevar un informe. Cuando nuestro inspector concurría a efectivizar la clausura, muchas veces ya se encontraba, por ejemplo, con pisos de más hechos. Aún así, no hubo ni una demolición. Como los nuevos inspectores sí van a tener poder de policía, estarán facultados para clausurar en el momento”, explica Juan José Gómez Centurión, el titular de la AGC.
Cuando se dice media verdad, estamos ante una mentira completa. Lo que Gómez Centurión no explica es qué hizo el gobierno macrista con esas 14.000 denuncias recibidas sobre irregularidades. Tampoco explica por qué esos inspectores que “se encontraban con pisos de más hechos” no clausuraron esas obras. ¿No será porque hubo coimas? Tampoco explica por qué “no hubo ni una demolición”, si quien debe dar la orden de demoler es el propio gobierno. ¿No será porque hubo coimas?
Gómez Centurión tampoco explica cómo 20 inspectores propios -en reemplazo de los mil Profesionales Verificadores independientes, a quienes dejan sin trabajo- podrán controlar debidamente las 4.000 obras simultáneas que se hacen en la Ciudad, las que a su vez requieren cuatro instancias de inspección cada una. ¿Acaso con menos control no se facilita que haya coimas?
“Se van a designar por concurso público”, seguramente nos responderán, como lo plantea el Decreto 271/14. La realidad de los hechos despeja toda duda. La Ley 2.624 que en el 2007 creó la AGC daba un plazo máximo de dos años para convocar a los concursos públicos para designar a los Directores Generales, que son los jefes de los inspectores. Ese plazo ya se cumplió en 2009. A casi cinco años de vencido el plazo legal, esos Directores Generales todavía siguen a dedo y los concursos nunca se hicieron.
No estamos hablando de trámites burocráticos y sobre cuestiones de segundo orden: se trata de cómo se ejercen en forma efectiva los controles públicos sobre condiciones de seguridad que hacen a la vida o la muerte de personas. Hoy mismo, martes 22 de julio, cuando estamos presentando este proyecto, ha muerto un obrero aplastado por una retroexcavadora en una obra en la calle Rondeau al 3.400, en el barrio porteño de Parque Patricios
Por todas las razones expuestas, y con el objetivo de clarificar en detalle a esta Legislatura y por esa vía a la ciudadanía porteña, solicitamos la aprobación del presente pedido de citación urgente al titular de la AGC, el varias veces procesado penalmente Gómez Centurión.