Proyecto de Declaración
La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia y rechaza la utilización por parte de la Policía Metropolitana de armas eléctricas conocidas como Taser por ser su uso considerado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura como una forma de “trato cruel, inhumano y degradante”, e insta al Poder Ejecutivo Nacional a desconocer las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni alentando la utilización de estas armas por parte de las fuerzas nacionales que tiene a su cargo.
Fundamentos
Señora Presidenta:
El reciente fallo y la utilización de los dispositivos TASER son dignos de rechazo, en principio por una razón fundamental, parte de una premisa falsa. Aquella que sostiene que el problema de la violencia criminal y el delito se pueden eliminar o reducir con “mano dura” o sea más y mejores dispositivos de represión y castigo. Proponen el endurecimiento de penas y el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad los funcionarios y gobiernos que son responsables de que existan condiciones estructurales para que ese delito se desarrolle. O que en el mejor de los casos no toman medidas para combatir esas condiciones estructurales que son la exclusión social y los círculos de corrupción en el aparato estatal, que posibilita el crimen económicamente organizado.
Pero además, por el tipo de armas que se pretende incorporar para ser utilizadas por la Policía Metropolitana. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura considera que este tipo de armas constituyen una forma de “tortura, trato cruel, inhumano y degradante” al provocar un dolor extremo que en algunos casos puede causar la muerte. Personas que estaban bajo el efecto de estimulantes o medicaciones especiales, con marcapasos, problemas cardíacos o neurológicos, han muerto luego de recibir una descarga eléctrica de este tipo de armas. Además, hay que tener en cuenta que las muertes no sólo se producen por los antecedentes clínicos de quien recibe la descarga, sino también, por el mal uso que puede provocar un disparo que supere los niveles de voltios tolerables por el cuerpo humano. Para graficar su potencia vale compararla con un enchufe de una casa. Mientras una persona puede morir electrocutada en menos de 20 segundos si recibe la descarga de 220 voltios del enchufe, imagine lo que sucede con las Taser que disparan 400 voltios durante 5 segundos.
La misma empresa Taser Internacional, reconoció en el año 2005 que su arma puede ser letal y hasta Amnistía Internacional ha informado que un millar de personas han muerto por el uso de estas armas.
Pero aunque diversos organismos internacionales advierten sobre el peligro de estas armas y hasta la propia empresa fabricante reconoce su poder letal, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro declaró en medios locales que “está comprobado por especialistas que no causan ningún daño a las personas”, aunque lo más grave es escucharlo decir que son solo armas persuasivas y que serán utilizadas por fuerzas especiales dentro de la Policía Metropolitana, como las que llevan adelante desalojos. Sin dudas, en manos de una fuerza policial que cuenta entre sus antecedentes las represiones en el Hospital Borda, la Sala Alberdi y el Parque Indoamericano, las primeras víctimas del uso de estas armas serán los jóvenes, trabajadores y vecinos que se organizan y movilizan para reclamar por sus derechos.
No podemos dejar pasar el hecho de que nuestro país ha firmado tratados internacionales que definen la tortura y establecen el compromiso de los Estados Parte de prevenir, castigar y cuidar que nadie sea sometido a ella. Estos tratados, que tienen rango constitucional, son la Convención contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Contrario a esto y a las políticas de DDHH en las que la Argentina ha sido pionera en muchas oportunidades, el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni alienta la utilización de este tipo de instrumentos de tortura cuando declaró: “No dudaría ni un segundo de que mis policías las utilicen…”.
Estas medidas son demagógicas porque al mismo tiempo no se combate la desigualdad con un programa de shock de inclusión social para atender por ejemplo, las necesidades de centenares de miles de jóvenes que están excluidos del sistema educativo ni tienen oportunidades laborales. Esos jóvenes son presa fácil para las redes del delito organizado, que causa la mayor parte de la violencia delictiva.
Para atacar verdaderamente los problemas de seguridad, además fuertes programas de inclusión social, es necesario tomar medidas para democratizar la selección y permanencia en sus cargos de los magistrados y mandos policiales. Por ejemplo implementar mediante comicios especiales la elección y revocatoria por voto popular directo de jueces, fiscales y comisarios. A su vez, reglamentar la aplicación de los juicios por jurados, contemplados desde 1853 en la Constitución Nacional, que no se aplican en nuestra Ciudad. Estas son algunas de las iniciativas para sumar control y participación social en el sistema judicial y de seguridad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto.