Como consecuencia del recurso de amparo que presenté y otros tres similares, el martes 26 de julio, el día previo a que empiece a regir la nueva tarifa del subte a 7.50 pesos, la jueza porteña Elena Liberatori dictó la suspensión del aumento.
El fallo resolvió: «I. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, disponiendo la suspensión de la resolución 2852/SBASE/16 que dispuso la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario a partir del día 27 de julio de 2016 hasta tanto se corrijan las falencias del cálculo de la tarifa técnica en el marco de la protección constitucional de los usuarios.
«II. Ordenar al GCBA y a SBASE el mantenimiento del cuadro tarifario vigente al día de la fecha sin mengua alguna de la responsabilidad de las autoridades administrativas y de la empresa concesionaria en lo que atañe a la seguridad operativa y de las tareas de reparación y/o mantenimiento que sean necesarias para el debido funcionamiento del servicio público de subte y premetro.»
Lo primero y más concreto es que el subte sigue a 4.50 pesos y por ahora queda frenado el nuevo tarifazo que pretendían imponer la concesionaria privada Metrovías y sus socios del gobierno macrista porteño y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Un primer triunfo, que alivia un poco el bolsillo de los pasajeros y fortalece la pelea por anular definitivamente este y todos los tarifazos.
Tarifas truchas
Al señalar las «falencias del cálculo de la tarifa técnica», la jueza reconoce lo que vengo sosteniendo desde hace años: que la tarifa técnica, y por ende la tarifa al usuario, están dibujadas e infladas por la concesionaria privada Metrovías, con el lamentable aval de SBASE y el gobierno macrista porteño.
Como lo demostré en mi amparo colectivo, que fue patrocinado por nuestras abogadas Alejandra Giordano y Claudia Leaños Parada, Metrovías infla falsamente sus costos al incluir gastos que no paga de su bolsillo o que saca de un bolsillo para guardárselo en el otro. Un rubro clave es la Depreciación del Material Rodante e Infraestructura, o sea la amortización de los vagones, vías y demás instalaciones. ¡Pero no son de Metrovías, sino propiedad de la Ciudad! Por eso no corresponde incluirlos. El otro rubro falso es el «asesoramiento» que le paga a Benito Roggio Transporte (BRT), una empresa del mismo Grupo Roggio que integra Metrovías. O sea, se «asesora» a sí misma.
Es por este tipo de «falencias» que ya en el 2013 con otro amparo mío logramos suspender por nueve meses un anterior aumento del subte. En este fallo, Liberatori unificó mi amparo con los del auditor porteño Facundo del Gaiso y los legisladores Patricio del Corro y Marcelo Ramal. Pero peor aún que el curro empresarial es que, en vez de defender el interés del Estado de la Ciudad y de los usuarios, SBASE y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta convalidan la mentirosa tarifa técnica que dibuja Metrovías.
Enfrentar la doble estafa
Enterado del fallo, Rodríguez Larreta justificó la suba de tarifa «por la inflación heredada». Miente: los propios datos oficiales de SBASE confirman que del 2013 al 2015 la tarifa técnica subió un 79% pero en cambio aumentan la tarifa al usuario un 200%.
Pero hay otra mentira más. Metrovías infla sus costos para pedir a la vez más tarifa y más subsidios. SBASE y el gobierno dicen que suben la tarifa para bajar los subsidios. Nuevamente falso: del 2013 al 2015 los subsidios públicos crecieron un 67% y este año son de 2.100 millones de pesos. Encima ocultan qué hace Metrovías con toda esa plata, cuáles son sus ganancias y cuánto recibe el gobierno de la CABA por los alquileres de locales y espacios de publicidad en el subte.
Como ni Metrovías ni SBASE son confiables, la única forma de conocer los costos reales del servicio y a dónde van a parar los enormes subsidios que salen de nuestros bolsillos es hacer una auditoría integral con participación social. Inclusive no descarto iniciar una acción penal en contra de ambos por intento de fraude a los usuarios y también a las finanzas públicas, solicitando la rescisión del contrato de concesión. Como el transporte es un derecho básico y no un negocio, insisto en que la única forma de lograr un subte eficiente, seguro y accesible para todos es reestatizarlo bajo el control de representantes de sus usuarios y trabajadores.
Junto a los Metrodelegados, asociaciones de consumidores y otras organizaciones sociales realizamos acciones unitarias en las cabeceras del subte. Como Liberatori dictó la cautelar en feria judicial, desde el lunes 1º de agosto la causa pasa a otro juzgado y el gobierno va a apelar el fallo porque está obcecado en imponer el aumento. Nos preparamos, entonces, para continuar la batalla.
