Por una Conadep de la corrupción

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En su editorial en Clarín del 19 de junio, el periodista Ricardo Roa cuestiona el planteo de Dady Brieva de hacer una Conadep del periodismo y, de paso, descalifica nuestra propuesta de una Conadep de la corrupción. Siendo quien viene sosteniendo esta última idea explico por qué, frente a la corrupción y la impunidad sistemáticas que desde hace décadas cruzan nuestro país, considero posible y necesario formar una comisión investigadora independiente.

En la Argentina el 99% de las causas por corrupción y estafas contra lo público y el accionar de la casta política contra los intereses de las mayorías transitan largamente por los juzgados sin obtener justicia. Es que aquí el aparato judicial y el poder político, lejos de ser independientes, tienen una interdependencia estructural: la política tradicional pone y saca a los jueces, y esta justicia de clase, entonces, busca preservar a esa política del sistema. De allí los pactos, con o sin servilleta.

Desde ya, rechazamos toda censura a la libertad de expresión y de prensa. Pero en absoluto nuestra propuesta “banaliza la Conadep” como apunta Roa. Al revés: la valoramos, porque nuestra corriente sufrió en carne propia el salvajismo de la dictadura genocida. Por eso, y aunque el prólogo original del Nunca Más expresa la perversa teoría de “los dos demonios” porque en 1983-1984 la democracia nacía condicionada, la Conadep hizo lo que la justicia no hacía: investigar el terrorismo de Estado. Además la Conadep no suplantó a la justicia, que luego juzgó los delitos de lesa humanidad, sino que fue un mecanismo institucional más democrático para cumplir la tarea investigativa previa e indispensable que un poder del Estado incumplía.

Salvando las distancias, hoy desde el Estado tampoco se va a fondo contra delitos que también debieran ser imprescriptibles: los de corrupción. A lo sumo se menean un poco las coimas del gobierno anterior para hacer uso político, pero nunca las del actual. Y menos todavía las que involucran a ambos y al gran capital que los coimea. Por eso nuestra propuesta de una Conadep de la corrupción es volver a poner en pie un mecanismo institucional, participativo e independiente del binomio justicia-política a fin de investigar a fondo todos los casos.

¿O acaso qué garantía es que investiguen jueces y fiscales que a su vez están investigados por causas de corrupción, escuchas ilegales o favores políticos? ¿Qué garantía es que algún o alguna funcionaria política de turno, desde su “Oficina”, decida qué y cómo investigar? Para democratizar este poder judicial y político haría falta una profunda reforma, más bien una revolución. Elegir a los jueces y fiscales por voto popular, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño, sin privilegios. También, establecer los juicios por jurados populares. Entretanto, cuando la magnitud de los casos lo amerite, corresponde utilizar mecanismos democráticos y más ecuánimes como las comisiones investigadoras independientes.

Quienes realmente buscamos justicia, quienes queremos que se investigue y se castigue la corrupción de todo gobierno y también de las corporaciones que transaron con ellos, vamos a seguir insistiendo. El inmovilismo y la discrecionalidad judicial actuales son funcionales a la insoportable continuidad de la corrupción político-empresarial y su impunidad.

Alejandro Bodart, dirigente del MST

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