Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en hospitales públicos

PROYECTO DE LEY

Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en hospitales públicos

Artículo 1°. Para ser Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, Legislador/a o funcionario/a político/a con nivel de Director General o superior del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea o no electivo su cargo, constituyen requisitos:

1. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.

1. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

Art. 2°. Todo/a funcionario/a incluido/a en el artículo 1º debe presentar anualmente una declaración jurada en la cual consten los siguientes datos:

1. Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.
2. Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.

Art. 3°. El plazo de presentación de la declaración jurada vence el día 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de los datos es causa de las sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Art. 4°. Lo establecido en los artículos precedentes es aplicable también a los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, a los/as funcionarios/as de los Órganos de Control, a los miembros de las Juntas Comunales y a los/as directores/as del Banco Ciudad, de los organismos descentralizados y entidades autárquicas y de las empresas y sociedades del Estado de la Ciudad, así como de los entes interestaduales y del Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

Art. 5°. Comuníquese, etc.

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 4º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º.

Fundamentos

Señora Presidenta:

La salud y la educación públicas son derechos básicos de cada ciudadano y ciudadana, esenciales a su vez para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Tal es su jerarquía, que la Constitución de la Ciudad los reconoce a renglón seguido de los derechos y garantías fundamentales.

En relación con la salud, su artículo 20 establece:

“Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

“El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.

“Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas de cualquier forma de pago directo. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o privada, por sus respectivas entidades. De igual modo se procede con otras jurisdicciones.”

En similar sentido, en cuanto a la educación, su artículo 24º establece:

“La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.

“Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.

“Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles.

“Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función social.

“Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema.

“Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos.

“Contempla la perspectiva de género.

“Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual.”

No obstante dicha jerarquía, y aunque Buenos Aires es la ciudad más rica del país y el distrito con mayor PBI per capita, los indicadores sobre la situación de la salud y la educación estatales porteñas dejan mucho que desear. Lamentablemente, y más allá del esfuerzo cotidiano de las maestras, médicos, enfermeras y demás trabajadores de ambas áreas, las falencias existentes empujan a importantes franjas de la población a buscar respuestas en el sector privado. Ese diagnóstico no se basa únicamente en nuestras apreciaciones sino en las propias estadísticas oficiales, incluidas las elaboradas durante la actual gestión de gobierno.

Educación

En lo que respecta a la educación pública porteña, por ejemplo en primaria, se informa: “Durante el período 2001-2008 el volumen de alumnos matriculados en el nivel primario creció un 2.3%, esto implica que se incorporaron un total de 6.065 estudiantes en las escuelas de dicho nivel en la Ciudad. Sin embargo, esta variación no afectó de igual modo a los sectores estatal y privado, ya que la matrícula experimentó un fuerte aumento en las escuelas de gestión privada (8.690 alumnos) y una disminución de menor cuantía en las estatales (2.643 alumnos)”.[1]

Asimismo, respecto del nivel medio, se informa:

“El análisis de la información estadística producida desde la Dirección de Investigación y Estadística dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires[2] en el período que va de 1998 a 2010 da cuenta de que:

“…En el período 1998-2010 la matrícula disminuyó un 6% en el sector estatal y un 9% en el privado… Un 5.9% de jóvenes de este grupo etáreo no asiste a ningún nivel de enseñanza…”

Entre los “principales argumentos que explicarían la disminución de matrícula en la Ciudad”, se señala:

“La repitencia y la sobreedad han aumentado: esto opera sosteniendo situaciones de fracaso escolar que impactan en el incremento del abandono (aunque temporario) de los estudios, o inducen al pasaje a otra modalidad: la sobreedad aumentó un punto en el período analizado: de 47 a 48%; la repitencia aumentó dos puntos: de 14 a 16%.

“Todos los años unos 9.000 alumnos dejan de asistir sin pedir pase a otro establecimiento… La mayor pérdida se registra en el 1º año.”

Es alarmante que en el nivel medio disminuya la matrícula y que en el sector estatal aumenten los alumnos repetidores y con sobreedad, ya que ambos factores empeoran el nivel de deserción. Máxime si tomamos en cuenta que desde setiembre de 2002 rige en la Ciudad la Ley 898 de secundario obligatorio, que establecía que a fines de 2007 se debía cumplir plenamente tal obligatoriedad. Hoy, a casi una década de aprobada dicha ley y a casi cinco años de su plazo, no solo no se alcanzaron sus objetivos sino que estamos peor que cuando se aprobó.

Por otra parte, el incremento de la matrícula privada no es un problema exclusivo de la Ciudad sino que afecta a todo el país, lo cual es responsabilidad de los respectivos gobiernos provinciales y, más globalmente, del gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) informa que entre 2002 y 2007 las escuelas estatales primarias y secundarias perdieron 99.295 alumnos, o sea un 4.6%, mientras que las matrículas privadas crecieron un 13%.

Un reciente informe del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP) en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que tuvo amplia difusión mediática, concluye que “el 37.5% de los chicos argentinos iniciaron su educación primaria en una escuela de gestión privada en el año 2011, mientras que en el año 2003 ese número era el 25.9%”. Es decir, hay un aumento de más de 11 puntos en detrimento de la matrícula estatal. Lo mismo se da en el segmento de chicos de 5 años, en edad de preescolar: si en 2003 tenía matrícula privada el 25%, en 2011 pasó a ser del 34%. La conclusión es simple: cada vez más alumnos empiezan a estudiar directamente en las escuelas privadas, sin siquiera probar primero en las del Estado.

Gustavo Iaies, director del CEPP, lo explica así: “¿Qué cambió? Antes, algunas familias migraban disconformes con la experiencia de sus hijos en las escuelas de gestión estatal, pero ahora toman la decisión sin haber vivido la experiencia. En ese sentido, es una opción de valores, prioridades, percepciones. Más allá de considerar evidencias objetivas, el imaginario social está transformando esa diferencia en una certeza. La situación se ha complejizado: antes se trataba de mejorar el funcionamiento de las escuelas para detener la migración; ahora será necesario reconstruir también la imagen y el valor cultural que la escuela pública parece haber perdido.” (Clarín, 23/1/12)

En la Ciudad, las cifras oficiales[3] son contundentes:

En resumen, en ambos niveles educacionales existe un paulatino crecimiento de la matrícula privada en desmedro de la estatal.

Salud

Además de los principios constitucionales ya citados, en la Ciudad rige la Ley 153 Básica de Salud, cuyo artículo 14º establece: “Subsector estatal. Objetivos. Son objetivos del subsector estatal de salud: …Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud, dando prioridad a las acciones dirigidas a la población más vulnerable y a las causas de morbimortalidad prevenibles y reductibles…”

A su vez, en el Mensaje adjunto al Presupuesto 2012, el Poder Ejecutivo plantea que “se afirmará la inversión en salud como política social prioritaria”. Y en su Plan de Acción 2012-2014, señala que “el acceso a la Salud constituye otro eje fundamental. El objetivo es lograr que todos los ciudadanos de Buenos Aires puedan acceder a una salud pública gratuita y de calidad”. Entre los seis principales objetivos del área, el tercero es el de “garantizar y mejorar el acceso equitativo a los servicios de Salud individuales y colectivos”.

Es sabido que el sistema público de salud de la Ciudad no sólo atiende a pacientes porteños, sino también a otros provenientes del conurbano y el interior del país cuyo volumen se estima en un 30% del total atendido. Por otra parte, como muestra el siguiente cuadro, la proporción de habitantes que carece de toda cobertura -obra social, prepaga privada, mutual o plan estatal- no es muy distinta a la de la década del ’90.

Porcentaje de la población sin ninguna cobertura de salud[4]

Podemos tomar también otros parámetros comparativos, siempre en base a cifras oficiales[5]:

Los egresos no muestran cambios significativos a lo largo de la década. En cambio, mientras han aumentado un 16% los partos y un 10% las consultas externas -sobre todo en urgencias y hospitales especializados-, hay una reducción de mil camas -un 12% menos-, casi todas ellas precisamente en los hospitales especializados.

Del mismo modo en que ocurriría con la escuela estatal, una mejora significativa de la calidad de atención en el sistema público de salud conllevaría que menos sectores se vieran obligados a recurrir a los servicios privados.

Dos ejemplos: Cuba y Finlandia

Ambos países tienen historias, estructuras económico-sociales y culturales muy diferentes. Mientras Cuba es un país latinoamericano, de desarrollo acotado y no capitalista, Finlandia es un país nórdico, altamente desarrollado y capitalista-imperialista. No obstante, y más allá de nuestras divergencias con sus respectivos regímenes, ambos son considerados verdaderos paradigmas internacionales en cuanto a sus sistemas de salud y de educación. Cuba, por ejemplo, es vanguardia reconocida en América Latina. Y el sistema de enseñanza de Finlandia ostenta, desde hace varios años, la más alta calificación mundial.

Los principales indicadores en ambas áreas, brindados por organismos internacionales -insospechados además de tener posturas de izquierda-, así lo confirman:

Fuentes: ¹PNUD. ²OMS.

Desde ya, es obvio que todos los indicadores porteños son mejores que los nacionales. Por caso, el promedio trianual 2008-2010 de mortalidad infantil porteña fue de 7.4: la mitad del nacional. No podría ser de otro modo ya que, como lo hemos dicho arriba, se trata del distrito de mayor capacidad económica en relación con su población.

Sin embargo, del cuadro comparativo surge una constatación ineludible: ¿qué característica, qué elemento en común tienen Cuba y Finlandia, dos países -insistimos- tan distintos, para que la calidad de su educación y su salud públicas sean superiores a las nuestras?

No es el tipo de país, por cierto. Tampoco su grado de desarrollo ni su régimen político, muy desiguales. No hay mucho secreto, entonces: en Finlandia y en Cuba, salud y educación son sistemas estatales. A los datos del cuadro podemos agregar, asimismo en comparación con la Argentina, que en ambos países son menores los índices de desigualdad social y desigualdad de género.

Nuestra propuesta

Rechazamos de plano las estrategias tendientes a que la escuela estatal y el hospital público se destinen a la mera “contención” de los sectores sociales de menores recursos. No queremos educación ni salud públicas “para pobres”: queremos recuperar y superar los niveles de merecido prestigio que ambos sistemas supieron tener alguna vez. Si en nuestro distrito adoptáramos medidas que den prioridad categórica a la educación y la salud estatales, podríamos elevar su calidad y contribuir a revertir el cuadro actual.

A nuestro juicio, ello es factible a condición de que todos los funcionarios políticos que pretendamos serlo -en cualquier poder del Estado- nos comprometamos de manera concreta y directa con los sistemas públicos de educación y de salud. Y esto vale, creemos, para la Ciudad como para toda otra jurisdicción.

Por supuesto, esta ley no obliga de ningún modo al ciudadano o ciudadana común. Pero si ejercemos o nos postulamos para cargos ejecutivos, legislativos o judiciales, que incluyen poder de decisión sobre los recursos públicos y sobre la vida de otras personas, debemos asumir a fondo la responsabilidad y el compromiso con la cosa pública. Y no hay mejor estímulo para velar efectivamente por dicho compromiso que la pertenencia personal del funcionario y su familia en el sistema estatal de salud y educación.

Como antecedentes legislativos, conocemos al menos dos. En 2007, en Brasil, el senador Cristovam Buarque (PDT) presentó un proyecto de ley estableciendo para todo funcionario público electo la obligación de enviar a sus hijos a la escuela estatal. En 2010, en Neuquén, el diputado Rodolfo Canini (Bloque Frente Grande MUN) presentó otro proyecto de ley en similar sentido (Expte D-195/10).

Para finalizar, reproducimos a continuación la columna del periodista Martín Caparrós publicada el 1º de marzo de 2009 en el diario Crítica, titulada “Lucha de clases en la escuela pública”, cuyas reflexiones hacemos nuestras:

Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar.

Hoy empiezan las clases y no empiezan las clases: para la mayoría de los alumnos argentinos, esta mañana no hay escuela. Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar. Son sueldos tan elocuentes, tan didácticos: dicen, antes que nada, que a la sociedad argentina la educación le importa tres carajos. O, mejor: que a la sociedad argentina le importa tres carajos la educación de sus pobres.

Soy un producto de la escuela pública argentina y a veces, cuando me distraigo, me da orgullo; mi hijo también fue a la escuela pública y acaba de terminar su quinto año. Pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado -inferior- nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo -hijos de la clásica clase media porteña- sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado -y la mayoría no lo hace.

La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Las cifras precisan lo que ya sabemos: que los padres quieren mandar a sus hijos al privado porque -mejores o peores- por lo menos les garantizan que van a tener clases. Cosa que el Estado no consigue hacer. Así que, entre 2003 y 2006, en apenas tres años kirchneristas, 800.000 argentinitos -casi todos los que pueden- pasaron del público al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.

El fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para “redistribuir” -y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara. Y, de hecho, no les importa a los que manejan el Estado: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. Es una característica de muchos estados actuales -sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes- y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?

Así que tengo una propuesta populista para encarar la cuestión educativa. Es una ley que habría que votar cuanto antes: “Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado -de un nivel equis para arriba- manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases.

Por todos los argumentos arriba expuestos, promovemos el debate y la aprobación del presente proyecto de ley.