La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el DNU Nº 2/2013 dictado por el jefe de gobierno Mauricio Macri y las medidas promovidas por el gobierno nacional con relación a la prensa, expresa:
1. Defendemos de manera incondicional las más amplias libertades democráticas de expresión, de prensa, de imprenta, de acceso a la información y de ejercicio de la actividad periodística, tanto en nuestra Ciudad como en todo el territorio del país.
2. En consecuencia, nos oponemos de plano a toda modalidad de amenaza, censura, condicionamiento, control o intervención gubernamental de esta jurisdicción o de cualquier otra a cualquier medio de comunicación, sea este de naturaleza pública o privada.
3. Consideramos que, no obstante las afirmaciones del gobierno nacional, la Ley 26.522 no garantiza una verdadera y profunda democratización de los medios de comunicación audiovisual, tarea que todavía sigue pendiente. Somos contrarios a toda hegemonía de multimedios de carácter monopólico, ni opositores ni menos aún oficialistas.
4. Estamos a favor de la estatización de Papel Prensa S.A. si y sólo si se pone dicha empresa bajo el control de una comisión plural de representantes -de las centrales sindicales, los partidos nacionales reconocidos y los organismos de derechos humanos- que asegure al conjunto de publicaciones y de organizaciones populares el acceso democrático al papel de imprenta.
5. Rechazamos el DNU Nº 2/13 por considerarlo jurídica y políticamente equivocado, electoralista y provenir de un jefe de gobierno que no respeta debidamente la libertad de expresión, no democratiza los medios públicos de la Ciudad e inclusive, en el Hospital Borda, ha reprimido y detenido en forma violenta e ilegal a trabajadores de prensa.
En particular, su artículo 11º avasalla el derecho constitucional de huelga y su artículo 6º habilita la censura judicial a la prensa bajo la inexistente figura de “apología del odio ideológico”.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
Estamos ante un importante debate que no es nuevo, pero que a partir de algunas iniciativas del gobierno nacional y del reciente DNU de Mauricio Macri ha cobrado mayor relevancia política.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo de la Ciudad ha intentado e intenta avanzar en la regulación de los medios de comunicación por varias vías diferentes:
1. La primera fue su DNU Nº 2 del 11 de abril de 2011, con el cual trató de modificar el Código Contravencional. En la Comisión de Asuntos Constitucionales hubo tres despachos y no se llegó a tratar en el recinto, de modo que dicho decreto perdió vigencia.
2. La segunda es el actual DNU, que se encuentra en debate.
3. La tercera, en simultáneo con la anterior, son los dos proyectos de ley de autoría del diputado Oscar Moscariello, del PRO, presentados el 15 de mayo (Exp. Nº 1.275 y 1.276-D-2013).
Esto revela al menos dos contradicciones a la vez: ¿La cuestión de los medios es un tema de mero carácter contravencional, como planteaba el DNU de 2011, o todo un régimen que hasta incluye la creación de un nuevo fuero judicial, como propone el DNU actual? ¿Hay “necesidad y urgencia” de hacerlo vía decreto, como lo hizo Macri, o mediante el procedimiento habitual de sanción de las leyes, como propone Moscariello?
Estas contradicciones de forma y contenido desnudan el carácter claramente oportunista de la medida adoptada por el jefe de gobierno.
Al mismo tiempo, estos cuestionamientos en absoluto implican que respaldemos las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional ni de sus funcionarios respecto de los medios de comunicación.
Reiteramos nuestra mirada crítica sobre la Ley nacional 26.522 que, más allá de las expectativas que despertó bajo el argumento de la necesaria democratización de los medios de comunicación audiovisual, en realidad sólo ha sido utilizada para desarrollar un multimedios oficialista. Es más: con el manejo discrecional de la pauta oficial de publicidad y con distintas argucias, el oficialismo nacional procura formas de presión y control sobre medios que le son críticos.
En similar sentido nos pronunciamos sobre la cuestión de Papel Prensa S.A. Compartimos la necesidad de estatizar dicha empresa, pero con una condición sine qua non: que funcione bajo un amplio control social, única garantía democrática que el conjunto de publicaciones, con toda su pluralidad y diversidad, pueda acceder en forma efectiva al papel de imprenta. De nada sirven “estatizaciones” como la de las AFJP, que le sigue negando a los jubilados y pensionados su derecho al 82% móvil.
Por último, consideramos que un jefe de gobierno que está procesado penalmente en firme por asociación ilícita para realizar escuchas ilegales; que ordenó confeccionar listas negras de alumnos y docentes en lucha, y les prohibió tener contacto con la prensa; que desconoce a sindicatos y delegados opositores e impide las asambleas de trabajadores dentro de su propia administración pública; que ha despedido de la Radio Ciudad a periodistas de oposición y tampoco democratiza realmente dicha radio ni el canal televisivo de la Ciudad; que limitó -en acuerdo con el Interbloque K- el derecho a la palabra de los legisladores en las sesiones, y cuya Policía Metropolitana reprimió violenta e ilegalmente a trabajadores de prensa pocos días atrás, mal puede pretender mostrarse como un paladín de la libertad de expresión.
