A fin de año se deben renovar el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y cinco adjuntos. Ante los pactos que se tejen en la Legislatura para cubrir esos y otros cargos (directorio del Banco Ciudad, Auditoría porteña, Ministerio Público Fiscal) hace falta una alternativa distinta, sin compromisos con el poder.
Según la Constitución local, «la Defensoría del Pueblo es un órgano unipersonal e independiente… que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos… El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.» Evidentemente, no es una tarea menor.
¿Oficina funcional al poder o Defensoría de verdad?
En los últimos diez años, durante los dos mandatos de la Defensora titular Alicia Pierini, la Defensoría creció en presupuesto, sedes y casi duplicó su personal. No obstante, ese desarrollo no se condice con el rol efectivo que debe cumplir en una Ciudad y un país en donde a diario los gobernantes no respetan los derechos de los habitantes o directamente los avasallan.
El método de elección de los defensores, por 40 de los 60 votos de la Legislatura, los condiciona fuertemente al poder. Por eso en general, salvo excepciones, sólo actúan «hasta ahí». Ahora, además de los 39 postulantes a la Defensoría 9 son diputados porteños, que en su mayoría dejan su banca el 10 de diciembre.
En medio del paquetazo de leyes de Macri, resulta obvio que la necesidad de buscar votos del PRO para aspirar a la Defensoría o algún otro cargo les hará mirar con buenos ojos a leyes malas a varios de los diputados opositores postulados. Un canje de votos por cargos no parece muy ético para quienes deben defender a la gente frente al gobierno de turno, ¿no?
Ripoll, Semino, Fachal, Lopes
Como alternativa a una Defensoría «domesticada» por pactos, nuestro diputado Alejandro Bodart ha dado su aval a Vilma Ripoll, Eugenio Semino y Eduardo Fachal. El diputado Pablo Bergel también ha avalado a esos tres candidatos y Bodart postuló asimismo a Maru Lopes como defensora adjunta.
Vilma no requiere demasiada presentación para nuestros lectores. Como diputada porteña y como militante, desde la banca o desde la calle, desde hace años puso y pone el cuerpo por toda causa justa. Nunca antepuso una diferencia política a la defensa de un reclamo legítimo. Semino está hace cinco años a cargo del área de la Defensoría de la Tercera Edad. Fachal es abogado querellante por los desaparecidos de Mercedes Benz durante la dictadura e intervino en los casos de Cromañón, el Indoamericano y el Borda. Y Lopes es una joven comunera, al servicio de los derechos de las mujeres, los vecinos y los jóvenes. Se ha presentado también Federico Tonarelli, un luchador y referente de la cooperativa de trabajadores del Hotel Bauen. Sin desmerecer a otros postulantes, pedimos a las organizaciones sociales un apoyo democrático a estas compañeras y compañeros. Sin duda, ellos pueden garantizar una Defensoría del Pueblo de la Ciudad digna de ese nombre.
Pablo Vasco
