¡Aparecieron las cláusulas secretas!
En estos días, varios medios publicaron tres de los cuatro documentos secretos firmados por Chevron e YPF como parte del acuerdo entre ambas por Vaca Muerta (1).
Esas cláusulas conocidas ahora confirman lo que vengo diciendo desde el comienzo: además de ilegal, el pacto Chevron-YPF es un verdadero estatuto de coloniaje. Las exigencias de la multinacional yanqui son muy concretas:
Concesión de las áreas petroleras por 35 años;
Tope de regalías del 12%, incluidos todos los impuestos;
Derecho a girar ganancias al exterior sin impuestos;
Disponibilidad para exportar hidrocarburos;
Estabilidad fiscal total (o sea, ningún impuesto nuevo);
Jurisdicción extranjera si hubiera litigios con YPF.
Cristina Fernández de Kirchner aceptó todas esas imposiciones en su Decreto 929/13. También las aceptó el titular de YPF Miguel Galluccio, firmante del pacto con Chevron. Y para darle un manto de legalidad a toda la estafa, también las incluyeron en la nueva ley petrolera que el bloque K aprobó en el Congreso el mes pasado.
Amplío mi denuncia penal
Ahora que se conocieron las cláusulas secretas, algunos referentes “opositores” amagan con presentar denuncias. Pero cuando se hizo el pacto Chevron-YPF se callaron la boca ante la petrolera norteamericana y su fracking contaminante.
Por nuestra parte, actuamos distinto. Apenas se supo el pacto, con el patrocinio del Dr. Pablo Vicente, en julio de 2013 presenté junto al abogado ambientalista Enrique Viale una denuncia penal contra Cristina porque su decreto violó la Ley 17.319 de Hidrocarburos, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y los derechos de los pueblos originarios.
La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que ordenó abrir una investigación. El fiscal Moldes intentó frenar la causa con una chicana jurídica, pero la Cámara rechazó su queja. Entonces Moldes apeló a Casación, que aún no resolvió.
En estos días amplío mi denuncia ante Servini para acusar a Galluccio por los mismos delitos que a Cristina: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y contaminación ambiental en grado de tentativa.
Recuperar nuestros bienes comunes
Con la “estatización” trucha, el gobierno K indemnizó a Repsol y transformó a YPF en una Sociedad Anónima de la que el Estado nacional posee el 51%. Como YPF sólo tiene un tercio de la producción, sobre el total de petróleo y gas apenas un 15% es realmente nacional. Ahora, y con la ridícula excusa de la “soberanía energética”, le abrieron la puerta a Chevron y otras petroleras con su fracking destructivo.
Nuestra propuesta es nacionalizar todo el circuito de hidrocarburos bajo control social y volver a la explotación petrolera convencional, mientras desarrollamos fuentes de energía renovables y no contaminantes.
1. Se titulan Carta Acuerdo, Garantía y Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración. El cuarto documento, Acuerdo de Inversión para Proyecto, aún sigue en secreto.
