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wpid-COMISION2.gifProyecto de Declaración 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesta su preocupación y rechazo ante el despido de siete trabajadores del Hostal Nueva Pompeya, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, e insta al Poder Ejecutivo a reincorporar a los despedidos y regularizar su situación contractual mediante el pase a planta permanente. 

Fundamentos
Señora Presidenta:

En septiembre de 2012 se inauguró el “Hostal Nueva Pompeya”, hogar que depende de la Dirección General de Salud Mental (DGSM) del Ministerio de Salud del GCBA y que se encuentra ubicado bien al sur de la Ciudad. Específicamente es una casa ubicada en una zona fabril, rodeada de galpones, en una calle atestada de camiones en días hábiles y completamente desierta los fines de semana; a cuadras de la Villa de Emergencia “Zabaleta” y a cinco cuadras del CEAMSE en el barrio Nueva Pompeya.  Siendo esta descripción no un detalle mínimo, puesto que en dicha institución vienen trabajando con jóvenes de entre 14 y 18 años que cuentan con un alto grado de vulnerabilidad social y sanitaria, que se encuentran desvinculados de sus familias o lugares de pertenencia.

Es por eso que no debemos pasar por alto que la institución en la que trabajan brinda un hogar a los jóvenes con el objetivo de que los mismos puedan adquirir herramientas para poder desarrollar su vida con la mayor autonomía posible y a la vez procurar alternativas para re vincularlos con sus grupos primarios de apoyo.

Este hogar es sostenido por el trabajo de 16 Operadores Socio- Comunitarios que desde la fecha en que iniciaron sus actividades, se encuentran contratados precariamente bajo la modalidad de Locación de Servicios, con contratos firmados de manera discontinua y sin reconocer que en la práctica su labor siempre fue continua, sucesiva e ininterrumpida.

El lunes 30 de marzo por la mañana, habiendo escuchado el rumor de que todos pasarían a planta transitoria y mientras estaban esperando que les confirmen el pedido de reunión donde se les explicaría cómo se iba a efectuar ese pase, varios de los operadores recibieron un llamado de un número privado que les decía que a partir del 1º de Abril prescindían de sus servicios. Quién los llama, no se identifica y tampoco comunica el motivo por el cual se toma tal deliberada decisión de un día para otro.

De un total de 16 operadores, 7 fueron desafectados de sus funciones sin recibir explicación alguna o notificados de manera irregular. Hasta el 1º de abril, ninguno de los desafectados había recibido el formal telegrama de despido. Algunos recibieron el llamado citado anteriormente, otros simplemente les llegó el telegrama y algunos trabajadores recién fueron notificados al respecto una vez que concurrieron a la guardia en su día habitual. Todos ellos tuvieron que enfrentar la dura situación de encontrarse con sus reemplazos ocupando sus puestos de trabajo.

Ese mismo miércoles 1º de Abril Emiliano Suarez Plata concurrió a cumplir con su guardia habitual de 24 horas, como lo hacía desde hace dos años y medio. Una vez en el Hogar es expulsado de manera violenta de su puesto de trabajo por abogados y administrativos de la DG de Salud Mental que lo intiman a retirarse inmediatamente de la institución entregándole al personal de seguridad una lista con siete nombres, los siete trabajadores que ya no podrían ingresar a sus puestos de trabajo. Todo esto sin que el trabajador mencionado reciba con antelación una notificación formal donde figure su desvinculación. Como si fuera poco, para asegurarse que quedara claro su desvinculación, le labraron un acta y bajo presión hicieron firmar a los compañeros presentes como testigos de que lo despedían en ese acto.

Todo esto sucedió frente a los jóvenes pacientes quienes no lograban comprender por qué en el hogar donde ellos estaban seguros y contenidos, les estaban arrebatando violentamente a su referente, a la persona que los habían acompañado y guiado en su crecimiento los últimos dos años y medio de su vida.

Estos despidos dan testimonio de una intención que no es construir, ya que destruye lo que los operadores a puro esfuerzo de trabajo lograron organizar para beneficio de su organización. Es una decisión política atenta contra el hogar que más avanzó en favorecer el bienestar y los derechos de los chicos y que fuera presentado por el gobierno como el hogar modelo de Salud Mental. Por lo tanto va en contra de la Ley 448 de Salud Mental porteña y de la Ley 26.657 nacional.

El hostal en la actualidad tiene a todos los chicos escolarizados, revinculándose con sus familias, aprendiendo oficios. Se está despidiendo a siete jóvenes con amplia experiencia, que entregaron todo, que muchas veces hasta invirtieron dinero de sus sueldos para cubrir alguna necesidad de los niños, que nunca contaron con garantía de seguridad de ningún tipo y que se enfrentaron a situaciones de alto riesgo. Todo por favorecer a los chicos y por cumplir siempre con las órdenes y directivas de los superiores, que exigen todo el tiempo a los operadores del hostal pero que casi siempre no proveen los recursos para cumplir con dichas exigencias.

Echaron a siete trabajadores destruyendo un grupo de trabajo totalmente afianzado, que implementaba colectivamente las estrategias para garantizar el funcionamiento óptimo del hogar y favorecer la inclusión en la comunidad de los chicos.

A pesar de haber trabajado en condiciones laborales irregulares han logrado sostener y promocionar satisfactoriamente a una institución desvalorizada y vilipendiada por la administración vigente. Han logrado que los chicos y chicas vuelvan a reencontrarse con sus familias y en algunos casos ya están en tratativas para que puedan volver a vivir en sus hogares.

Se puede asegurar que todo esto fue posible gracias al esfuerzo de cada operador tanto al momento de generar un vínculo como en ocuparse de cumplir sus funciones y otras tantas que excedían a las mismas. Ejemplo de ellos es que llevan ropa y calzado para los chicos, los ayudan con las tareas del colegio, etc. También soportan graves crisis de parte de los chicos y hasta han pasado por situaciones en las que tuvieron que gestionar la internación de los mismos e incluso realizar denuncias policiales en representación del Estado. Y todo esto mientras soportan condiciones laborales precarias, poco claras y totalmente desalentadoras. No perciben vacaciones pagas ni aguinaldo; tampoco existe la posibilidad de faltar bajo causa de enfermedad aunque presenten certificado médico que lo notifique, ya que no tienen reemplazo, sumado a que apelan al compañerismo o la buena voluntad de algún compañero que los pueda cubrir en dicha ocasión, compañero que no recibe reconocimiento económico alguno por ello.

Razón por la cual los coaccionaron a que aún así concurran a trabajar enfermos, siempre bajo la sugerencia de que nadie los obliga a permanecer allí. La DG de Salud Mental sabe muy bien que ninguno quiere dejar su trabajo, primero que nada porque aman lo que hacen y en segundo término por la dignidad, el orgullo y el respeto que tienen por el simple hecho de ser trabajadores que se ganan la vida trabajando y porque por sobre todo, creen que es posible hacer algo por aquellos que más lo necesitan.

Por todo esto, vale remarcar que este equipo de trabajo, fue construido durante estos dos años y medio pura y exclusivamente gracias a la perseverancia de los mismos operadores y nunca por iniciativa de la Dirección General de Salud Mental.

Lo ocurrido no solo es grave en relación a la pérdida de la fuente de trabajo de estos 7 operadores, sino también por la destrucción de un equipo consolidado de trabajo. Sabiendo lo complejo que es construir equipos interdisciplinarios y mucho más cuando ellos deben llevar adelante sus tareas en el ámbito de la salud mental, es que creo necesario que el gobierno dé marcha atrás con los despidos. Que se reincorpore a los trabajadores y se los pase a planta permanente será la única medida posible para consolidar una política de salud mental, que acorde a las leyes vigentes, logre ser una herramienta real para mejorar la vida de quienes hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Por todo lo expuesto es que pedimos la aprobación del siguiente proyecto.


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