Este proyecto fue ingresado como Particular por organizaciones del Borda el 14/5/13. Hoy lunes 20 de mayo lo “Hacen propio 29 diputados”
Artículo 1°.- Ratifíquese para el uso de salud pública y salud mental del subsector estatal, acorde la Constitución de la Ciudad, las leyes de la Ciudad 153 Básica de Salud y 448 de Salud Mental, y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el destino de los predios ubicados en el polígono delimitado por las calles Ramón Carrillo, Suárez, Perdriel y Amancio Alcorta, en donde se encuentran el Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, el Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”, el Hospital Infanto-Juvenil “Carolina Tobar Garcia”, el ex Hospital “Guillermo Rawson” y los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental.
Art. 2º.- Prohíbase en los predios antedichos la realización de obras del denominado Centro Cívico, Descentralidad Administrativa, Distrito Gubernamental y/o toda otra obra cuya finalidad sea ajena a la establecida en el artículo 1º.
Art. 3°.- Comuníquese, etc.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
En los predios ubicados en el polígono descripto en el artículo 1º se encuentran los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, los Talleres Protegidos y el ex Hospital Rawson, que históricamente han cumplido la función de abordaje de las problemáticas relacionadas a la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día éstos forman parte de la infraestructura existente, que si bien responde a una concepción manicomial, a partir de las leyes locales 153 y 448 así como la ley nacional 26.657 de Salud Mental deberían ser parte de un proceso de adecuación acorde a prácticas desinstitucionalizadoras.
Las organizaciones que traemos este proyecto, muchas de las cuales trabajamos desde hace décadas en la problemática de salud mental desde una perspectiva desmanicomializadora y en algunos casos dentro de los hospitales afectados, definimos a la salud como uno de los derechos humanos básicos que debe ser garantizado por el Estado. Entendemos que la salud es un proceso integral, que involucra niveles bio, socio, político culturales atravesados por las condiciones de vivienda, trabajo y educación del sujeto.
En este sentido, entendemos a la salud mental como parte del proceso de salud-enfermedad, y que debe ser incluida dentro de las políticas en salud.
En los últimos años el sistema público de salud mental ha sufrido un desmantelamiento paulatino con reducción de las instituciones, cierre de servicios de internación, traslado de talleres protegidos a espacios no adecuados para su función, precarización del personal y reducción del mismo, tercerización de sectores y falta de ejecución de presupuesto.
En lo que se refiere a los tratamientos, la falta de personal contratado, la insuficiente dotación de instalaciones adecuadas y de los recursos materiales necesarios, se vieron acompañados de un incesante y creciente fenómeno de altas, descontemplando el correspondiente seguimiento de los procesos de reinserción y la necesaria articulación con las redes de contención social.
Esta situación trae aparejada la pérdida de calidad en la atención y sus principales afectados son los usuarios del sistema de salud y sus trabajadores.
Por otro lado, hoy en día se encuentran vigentes las leyes 153 y 448 en el ámbito de la Ciudad y la ley 26.657 correspondiente al ámbito nacional, que entendemos implican un proceso de desmanicomialización y desinstucionalización, aportando a la mejora del nivel de vida de usuarios y trabajadores, garantizando con su cumplimiento un incremento en la calidad del sistema de salud.
Para que estas leyes sean efectivamente implementadas es necesaria la construcción de nueva infraestructura destinada al uso de la salud pública, así como el mejoramiento y adecuación de la infraestructura actual. Entendemos que la infraestructura territorial, espacial, patrimonial y arquitectónica, que es de carácter finito como recurso estatal y de salud, es indispensable para generar y aportar las condiciones dignas y satisfactorias de asistencia, prevención y promoción de salud en el marco de las leyes de salud mental mencionadas. A partir de estos criterios se pueden y se deben generar instancias de inclusión en el ámbito de la comunidad. A su vez, para que el sistema de salud mental garantice la accesibilidad a toda la población es imprescindible que se siga manteniendo el subsector estatal, adecuándose éste a las leyes mencionadas.
En el último tiempo se ha puesto en marcha un proyecto que afecta los predios en donde se encuentran ubicados los hospitales de salud mental Borda, Moyano, Tobar García, los Talleres Protegidos y el ex hospital Rawson con destino a un Master Plan denominado Centro Cívico o Parque Cívico. Éste incluye un área destinada a un Distrito Gubernamental. El avance de este proyecto implicaría la desafectación de los servicios de salud que funcionan en dichos espacios y la reducción de los recursos destinados a salud mental del subsector estatal, lo que va en contra de lo establecido por las leyes de salud.
Para que el Estado garantice la salud como derecho es prioritario que se cuente con las instalaciones necesarias para el cumplimiento de las leyes. Es por esto que consideramos que estas tierras deben destinarse a este uso particular y no a la construcción del Centro Cívico, Distrito Gubernamental u otro tipo de instalación que no estén destinadas al uso de salud, para de esta manera evitar graves perjuicios a la comunidad y al bien común.
Las organizaciones autoras del presente proyecto somos: Agrupación La Cueva, Asamblea en Defensa de lo Público, Asociación Civil La Colifata – Salud Mental y Comunicación, Comisión Impulsora del Nodo de Promoción de Salud, Asociación Civil Cooperanza, Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud, Frente de Artistas del Borda, Asociación Civil Taller Pan del Borda y Taller del Tomate.
