Nuestro rechazo a la falsa democratización judicial K ha sido clara. Al mismo tiempo estamos convencidos de que esta justicia como está no le sirve a los intereses sociales de las grandes mayorías y por eso es súper reaccionaria la defensa encendida que hacen de este aparato estamental los sectores de oposición conservadora. Por eso, frente a la posibilidad de que realicen elecciones para la integración del consejo presentan una alianza entre el MST y Nueva Izquierda para ser una alternativa también en este terreno al oficialismo y la derecha patronal. Con presencia en 20 distritos del país nuestra fuerza nacional no regala ningún espacio a los partidos tradicionales: peleamos en todos los terrenos. Y en este, el de la necesaria reorganización de la justicia, también.
Plataforma del MST-Nueva Izquierda para el Consejo de la Magistratura
Consideramos que democratizar la Justicia es una tarea pendiente desde hace mucho tiempo. El juicio por jurados significa que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, designados por sorteo dentro del padrón electoral, se encargan de establecer si el acusado es inocente o culpable y en ese caso a posteriori el juez dicta la pena. Es una forma parcial de participación popular en la tarea de hacer justicia, en el caso de los juicios penales, ya vigente en numerosos países del mundo. Sin embargo en Argentina la implementación de este dispositivo democratizador sigue demorado, no obstante estar incluido en la Constitución Nacional de 1853. Por lo tanto, consideramos que de hecho el pueblo sufre en este punto ciento sesenta años de retraso.
Pero si bien resulta imprescindible, la principal medida de democratización que creemos necesaria tampoco se agota en el sistema de juicios por jurados.
Los jueces son nombrados y removidos mediante un complejo mecanismo a través de los Consejos de la Magistratura, integrados en su mayoría por representantes del poder político. Por eso, consideramos fundamental modificar el actual statu quo a favor de una real democratización judicial que habilite canales de participación popular que de forma integral subordine el poder judicial no al gobierno circunstancial del Poder Ejecutivo, sino a la soberanía popular.
Para tener una justicia realmente independiente del poder político y de las corporaciones económicas, los jueces deben ser elegidos mediante el voto popular, como en cualquier otra elección. Y lógicamente, también deben poder ser revocables por el mismo método: el sufragio universal.
Este mecanismo se aplica en varios países. En Bolivia, por ejemplo, desde la reforma constitucional de 2009. Primero la Asamblea Legislativa elige a los precandidatos a jueces. Una vez aprobados por la Cámara, los candidatos despliegan un tipo de campaña de naturaleza informativa. Así se votan los miembros de los principales tribunales. En los EE.UU., la mayoría de los Estados presenta alguna forma de selección popular de jueces, incluso los de la Corte Suprema en 12 Estados. En otros 21 Estados, los jueces se votan en elecciones simultáneas con las generales o separadas. En otros 16 Estados a los jueces los nombran el gobernador o la Legislatura y cada 12 años la población plebiscita si continúan en su cargo o no. En Japón, los jueces de la Corte son sometidos al mismo mecanismo de ratificación. En la ex URSS se votan los jueces de los tribunales inferiores, así como en algunos cantones de Suiza y municipios de Francia. En Colombia, Perú y Venezuela se votan los jueces de paz.
Como parte de democratizar el actual sistema político, y como un paso hacia un cambio más integral que viabilice una real soberanía popular, desde el Frente del Pueblo proponemos l
as siguientes medidas como plataforma programática para la elección de Consejeros de la Magistratura con el compromiso de impulsar el debate en el sentido señalado más arriba:
Elección de los jueces por voto popular, con mandato limitado y revocable.
Implementación de los juicios por jurados populares, previstos en la Constitución nacional desde 1853 pero nunca puestos en práctica a nivel nacional.
Pleno res
peto al derecho de amparo y medidas cautelares, sin restricciones de ningún tipo.
Remoción inmediata de los jueces federales nombrados por la dictadura militar que aún hoy siguen en funciones.
Sólo con un conjunto de medidas de reorganización y cambio estructural como éstas, es posible empezar a construir una justicia independiente del gobierno de turno y al servicio de los intereses sociales del pueblo.
