En medio de un salto en la crisis internacional y en particular de las economías emergentes, la principal medida que en nuestro país profundiza la crisis económica y golpea el bolsillo de millones de trabajadores y sectores populares es la devaluación llevada adelante por el gobierno de CFK. De un plumazo más de medio millón de personas pasaron a estar por debajo de la línea de pobreza y nuestros salarios se devaluaron al compás del retroceso del peso frente al dólar.
Además de sus negativos efectos prácticos la medida reabrió debates sobre el carácter del gobierno, la oposición y el peso del poder económico en las decisiones que se toman.
Las grandes corporaciones, los sectores exportadores y el capital financiero venían empujando por la salida devaluatoria. Y ahora exigen más ajuste como complemento a la devaluación. Pero rechazamos la explicación del gobierno nacional que intenta colocarse como víctima de esos sectores quitándose responsabilidad en las medidas tomadas. La devaluación se llevó a cabo por decisión del gobierno nacional que en acuerdo con el poder económico decidió seguir ese camino. Los argumentos de que hay un intento golpista desarrollados por sectores como Carta Abierta o la burocracia sindical oficialista son funcionales al gobierno porque intentan tapar su responsabilidad en el rumbo tomado. Lamentablemente, el Partido Obrero -principal fuerza del FIT- repite esos argumentos equivocados lavándole la cara al gobierno.
No hay ningún intento golpista en curso, lo que existe es una presión del poder económico y de la oposición de derecha para que el gobierno de CFK avance en el ajuste y vaya haciendo el «trabajo sucio» antes de que llegue a su fin de mandato; y el gobierno nacional ha decidido hacerlo. Todo lo demás son poses mediáticas de un gobierno que ha tomado las propuestas económicas de la derecha incluido otorgarle un fuerte aumento en las tasas de interés bancarias al capital financiero, abriendo la puerta a una nueva bicicleta financiera de consecuencias nefastas. Y buscar el regreso de Argentina a los mercados, mientras junto a Brasil prepara un nuevo TLC con la Unión Europea.
La devaluación no es un camino imposible de evitar. Un gobierno independiente y soberano le habría opuesto a la presión del poder económico medidas que ataquen sus intereses: por un lado la nacionalización de la banca y el control del sistema financiero y de cambio, como única forma de evitar corridas cambiarias y especulativas. La prohibición de salida de dólares del país a todas las grandes empresas, bajo amenaza de expropiación de quien gire divisas al exterior. Y como parte del control estatal la planificación de un sistema de crédito a través del banco central y los bancos provinciales liquidando por esa vía el negocio de los bancos privados que lucran con sus enormes tasas de interés.
El debate sobre los precios y el salario
Junto a la devaluación, se registran dos graves problemas de duras consecuencias: la inflación y los bajos salarios. El gobierno no detiene la inflación y en un nuevo acuerdo con las grandes empresas intenta que las paritarias otorguen aumentos muy por debajo del costo de vida real. Quiere que los trabajadores paguemos la crisis que ellos generan.
Frente a esto también hay medidas concretas que se pueden tomar y son opuestas a las que toma el gobierno. Por un lado un control de precios real y efectivo, con un sistema de duras sanciones a toda empresa que no cumpla. En lugar del ineficiente y ficticio plan «precios cuidados» hace falta, desde el inicio de la cadena productiva, atacar el accionar de los formadores de precios y aplicar la Ley de Abastecimiento que permite controlar, multar y si es necesario incautar los productos. También eliminar el IVA a los productos de la canasta básica para abaratar los precios.
Al mismo tiempo el estado debe tomar el control del comercio exterior y terminar de una vez con los negociados de las grandes exportadoras mineras, petroleras y del campo. No sirve criticar a «las corporaciones» y permitir que estas dirijan el comercio exterior. Es el estado quien debe decidir la política comercial partiendo de garantizar que la producción de alimentos abastezca a todos los habitantes del país. Que el resto vaya a la exportación con un sistema de fuertes impuestos a las empresas y que esa recaudación se use en necesidades sociales. Esto como paso transicional mientras se abre un debate de fondo: la recuperación de nuestros recursos estratégicos; y terminar con el modelo agro-exportador que beneficia a unas pocas grandes empresas, acabando con la sojización indiscriminada para planificar un modelo productivo diversificado que incluya un cambio de raíz sobre la tenencia de tierras.
La otra tarea clave es apoyar con fuerza los reclamos salariales que se extienden por el país. Sin aceptar el chantaje del gobierno nacional y los provinciales que por la crisis piden que seamos responsables y proponen un aumento bajo y anual. La única solución es partir de las necesidades populares: proponemos que en paritarias se defina un aumento del mínimo a $10.000 que es el equivalente al costo de vida real, otorgar el 82% móvil del salario real a los jubilados y un aumento acorde en la asistencia social a los desocupados. Y en lugar de aumento anual que se defina una actualización automática y trimestral de los salarios que iguale la situación inflacionaria. Por eso exigimos a las centrales sindicales que impulsen un verdadero paro nacional y plan de lucha por estas reivindicaciones y a los luchadores y nuevos delegados y dirigentes obreros a que lo debatamos e impulsemos juntos en cada gremio.
No aceptemos el argumento de que la crisis no lo permite o que no hay plata para hacerlo. El estado nacional y los provinciales tienen fabulosos recursos que utilizan en subsidios a empresas privadas, en clientelismo o en gastos discrecionales. La prioridad debe ser el salario. Y además, se pueden tomar nuevas medidas como el aumento de impuestos a las grandes exportadoras mineras y petroleras. Ponerle impuestos a la transacción financiera y al juego y en suspender los pagos enormes de deuda externa nacional y las provinciales. Y a la vez proponemos una ley que prohíba las suspensiones y despidos y la nacionalización de toda empresa que no cumpla.
Paralelamente a todo esto y como parte de un plan alternativo integral, creemos también importante rechazar los nuevos tarifazos planteados en el transporte y en servicios esenciales como luz, agua o gas. Que no solamente son un nuevo robo sino parte del desastre general que las privatizaciones ocasionan sobre la población. Por eso planteamos la reestatización bajo control social de todos los servicios esenciales incluyendo el servicio ferroviario y el subterráneo de Buenos Aires.
Pelear por una salida distinta desde la izquierda
Mientras apoyamos las luchas en curso tenemos que profundizar el debate entre todos los que creemos en una salida distinta. Ni el gobierno nacional ni ningún sector de la oposición de derecha y de la centroizquierda tradicional son salida. Sólo desde la izquierda se puede elaborar un programa y propuestas radicalmente distintas a favor de las mayorías. Creemos muy importante que la izquierda política y social, los intelectuales y economistas de izquierda, los luchadores obreros y populares, ambientales y de la juventud debatamos sobre estos temas y busquemos coordinar acciones y propuestas concretas; como podría ser levantar en común la propuesta de nacionalización de la banca y el comercio exterior; el control de precios real y el aumento a $10.000 con paritarias libres y trimestrales. Que se haga sentir en todo el país que hay otra salida posible.
Abrir a fondo estos debates en foros, reuniones y otros eventos, tiene que permitir que millones conozcan las propuestas de la izquierda. Hacerlo sin sectarismo, apoyándonos en todos los puntos que tenemos en común y sabiendo convivir con diferencias que es un mecanismo indispensable para construir entre miles, sin que esto impida realzar las propuestas que acordemos. El debate y la pelea en común por esta salida además puede contribuir a que avancemos en otra necesidad: la construcción de una alternativa amplia y unitaria de toda la izquierda que podría jugar un rol enorme frente a la crisis, si nos planteamos ser opción de gobierno y un canal de organización de una franja muy grande de la población.
Es importante desarrollar en las organizaciones obreras, populares y de la juventud también este debate trascendente sobre la unidad. Sabiendo que la misma solo puede ser realizable mediante el trabajo común, la construcción de un programa anticapitalista y mecanismos democráticos que garanticen que todos los debates y diferencias que existen se resuelvan sin imposiciones. Incluyendo los debates electorales y de candidaturas para los cuales proponemos aprovechar las internas como forma indispensable de lograr que también en ese terreno haya unidad y una pelea en común frente a los partidos del sistema.
Comité Ejecutivo del MST, 18 de febrero de 2014
