Como ya lo hizo cuando hubo otros aumentos del subterráneo, nuestro diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva izquierda) presentó un recurso de amparo para que la justicia porteña suspenda el nuevo tarifazo decretado por Mauricio Macri a través de la Resolución 1995 de SBASE. El lunes 17, la jueza Elena Liberatori dictó un fallo ordenando rebajar el pasaje en forma significativa y readecuar todo el cuadro tarifario. En vez de cumplir la resolución judicial, el gobierno macrista la va a apelar. Una vez más, pretende seguir trabajando para la concesionaria privada Metrovías y no para los pasajeros del subte.
El lunes 10 de marzo, con el patrocinio de los compañeros abogados Pablo Vicente y Carlos Lucero Paz, del CADHU, el diputado Bodart presentó un recurso de amparo ante la justicia de la Ciudad. El escrito, de 65 páginas, contiene argumentos de sobra para solicitar la suspensión del nuevo aumento a 4.50 pesos, mejor dicho a 5 pesos si el pasaje se compra en ventanilla. Allí Bodart explica por qué este tercer tarifazo también es arbitrario, injustificado y perjudicial:
- Porque el gobierno de Macri no justificó los supuestos aumentos de costos, presentando las mismas cifras para esta suba que para la anterior. Lo atribuye a «la inflación», pero no dice qué índices tomó ni por qué en estos dos años que tiene a su cargo el subte subió la tarifa un 309%, mucho más que la inflación real y 6 veces el aumento salarial promedio.
- Porque Metrovías infló tramposamente los costos al incluir dos rubros que no corresponden: los gastos de mantenimiento y la depreciación de la infraestructura y el material rodante, que no le generan gastos porque no son suyos sino del Estado porteño. Metrovías también incluye como gasto el «canon por asesoramiento» de 2.6% sobre los pasajes que le paga a BRT, empresa del mismo Grupo Roggio al que pertenece Metro-vías.
- Porque la Auditoría General de la Ciudad -principal organismo de control- indicaba en su último informe una tarifa técnica de 5 a 5.60 pesos, mientras que el gobierno porteño repetía que era de 7.50 pesos. Si los subsidios estatales cubren 4 pesos por boleto, con la tarifa a 1.50 pesos el subte sería sustentable.
- Porque ya los subsidios a la empresa Metrovías aumentaron un 40% desde el año pasado, llegando a la barbaridad de 980 millones de pesos este año, que además pagamos todos porque salen de los impuestos. Aumentar a la vez los subsidios y la tarifa es una doble estafa.
- Porque es totalmente falso que el aumento de tarifa redunde en un mejor servicio, dado que en el lapso de un año las frecuencias de los trenes se han reducido en un 15% promedio en las 6 líneas. En realidad, se viaja peor.
- Porque, contra lo que dijo Juan Pablo Piccardo -titular de SBASE- en la audiencia pública de febrero, que «el que trabaja o estudia y tiene que ir todos los días hace al menos 44 viajes por mes», este año sólo 3 de los 12 meses tienen 22 días hábiles como para obtener el descuento.
- Porque, además, si ya con los aumentos anteriores hay un 20% menos de pasajeros porque debieron irse al colectivo, el nuevo tarifazo expulsaría a otro tanto al transporte en superficie, con el consiguiente aumento del caos de tránsito y de la contaminación ambiental en la Ciudad.
La medida cautelar
El fallo de la jueza Liberatori es bien claro: cautelarmente le ordena al Gobierno de la Ciudad «adoptar las medidas necesarias tendientes a corregir los desequilibrios del sistema tarifario». Como ejemplos concretos de esa orden de corrección, ella plantea que para el usuario de 1 a 20 viajes la tarifa sea de 3.90 pesos o menos, que todos los abonos sean sin vencimiento mensual y que la tarifa reducida del viaje 41 en adelante sea accesible durante los doce meses del año. Como la jueza da cinco días de plazo, la nueva tarifa a 3.90 pesos y el nuevo sistema tarifario readecuado deberían regir en el subte a partir del martes 25 de marzo.
En el plano judicial, queda pendiente también la resolución de la cuestión de fondo que el diputado Bodart planteó en su recurso de amparo anterior, que por ocho meses logró frenar el tarifazo a 3.50 pesos. Esa causa la lleva el juez Pablo Mantaras.
Servicio público versus negocio privado
La lógica del macrismo es la de un subte privado, chico y elitista, para pocos usuarios que paguen mucho. Por eso aumenta los subsidios a Metrovías y también las tarifas. No concibe al subterráneo como un servicio público esencial, que sea accesible para todos aquellos que lo necesitan. En vez de extender la red de subtes a toda la Ciudad amplía el Metrobús, que es un servicio de colectivos privado. Va al revés de la tendencia de la enorme mayoría de las capitales del mundo, donde el subte es estatal.
Como lo propone Bodart en el proyecto de ley que presentó el año pasado en la Legislatura, creemos que la única salida de fondo para contar con un subte eficiente, con mayor horario y frecuencias, seguro y económico es anular la privatización que viene desde los ’90, rescindirle de una vez por todas el contrato a Metrovías y reestatizar el servicio bajo el control de una comisión de trabajadores y de usuarios. La lucha contra el tarifazo de Macri es parte de esa pelea.
Textuales del fallo judicial
En la relación Estado-concesionario-usuario se verifican graves asimetrías informativas que impactan negativamente, obstruyen y hasta impiden el acceso a la información indispensable para efectuar el análisis y la eventual determinación de si la tarifa es justa y razonable. Con ello, se vulneran los dispositivos constitucionales de garantía y protección del usuario…
El sistema tarifario presenta inconsistencias… se introduce explícitamente una asimetría entre los usuarios, distorsionando el principio constitucional de equidad que no segmenta entre categorías de usuarios ya que quien utiliza el servicio entre 1 y 20 viajes no sólo no goza de ningún beneficio económico sino que aparece «penalizado», teniendo que soportar la tarifa plena de $ 4.50 y por ende el mayor impacto del aumento. El sistema no resulta eficaz para promover que más personas utilicen el servicio…
El sistema tarifario debe otorgar a todos los usuarios alternativas equivalentes para acceder a la tarifa más baja, según lo ha establecido la jurisprudencia. Se ha establecido que el derecho de los usuarios a la tarifa más baja debe prevalecer por sobre el derecho del concesionario a obtener mayor ganancia (conf. Caso Telintar, Sala IV CCAFederal)…
En los abonos mensuales… se advierte que las ventajas económicas son para el concesionario porque este usuario prepaga el servicio, corre el riesgo de no utilizarlo y lo pierde, debiendo por añadidura ceñirse al ciclo de validez de 30 días a partir del primer uso del abono… En el Componente 1 -Tarjeta sin contacto-, el usuario de 1 a 20 viajes no tiene posibilidad alguna de acceder a una tarifa menor… En el Componente 2 -Abono con descuento mensual por acumulación-, la tarifa final es la misma que la del Componente 1 con el agravante de pagarla por adelantado y perder los viajes que no pueda realizar (enfermedad, etc.) con lo cual es evidente que el objetivo no explícito es beneficiar al concesionario…
Sería deseable que el mismo énfasis que las autoridades ponen en analizar la relación entre tarifas e ingresos de los usuarios, se aplicara al análisis de los costos en ingresos directos e indirectos del concesionario a cargo de un transporte público esencial prestado en condiciones monopólicas…
Las mentiras del macrismo
María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno, el viernes 14: «El aumento no es simpático (pero) siempre se acataron las órdenes judiciales.»
FALSO. En vez de acatar la orden de la jueza Liberatori, el gobierno macrista ya anunció públicamente que va a apelar el fallo y que va a mantener la tarifa a 4.50 pesos.
Julio Conte Grand, procurador general, el lunes 17: «Hay una invasión de la Justicia sobre una capacidad propia del Ejecutivo como es la de fijar tarifas. El fallo no da pautas sobre cómo debería ser un esquema equitativo.»
FALSO. La justicia puede y debe actuar ante una medida gubernamental injustificada. Además, el fallo propone pautas precisas: bajar la tarifa de 1 a 20 viajes a 2.90 pesos y que todos los abonos sean sin vencimiento y accesibles todo el año.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete, el martes 18: «No queda claro el fallo, no se entiende.»
FALSO. Salvo que no se sepa leer castellano, el fallo dice textualmente: «Ordenar al GCBA a adoptar las medidas necesarias tendientes a corregir los desequilibrios del sistema tarifario aprobado por la Resolución Nº 1995/SBASE/14. Ello, en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos.»’
Pablo Vasco
