Proyecto de Declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires expresa su preocupación y rechazo ante las persecuciones a los delegados de la Junta Interna de ATE de la Subsecretaría de Trabajo Edgardo Castro, Oscar Seguel, María Alejandra Stohbaver y Hugo Reyner e insta a las autoridades de dicho organismo a respetar plenamente los derechos laborales y sindicales.
Fundamentos
Señora Presidenta:
La situación de conflicto en la Subsecretaría de Trabajo porteña no es nueva. Ya el año pasado el jefe de gobierno intentó, primero mediante un decreto ilegal de sus funcionarios y luego mediante un proyecto de ley propio, transferir el Cuerpo de Inspectores del Trabajo y otros trabajadores desde dicha Subsecretaría (perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico) a la Agencia Gubernamental de Control (ente que está en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad).
Ambos intentos del Poder Ejecutivo terminaron en fracaso porque, como resulta evidente en todo nuestro país y en el mundo entero, los inspectores que cotidianamente controlan la aplicación de la normativa laboral deben desarrollar sus funciones específicas en esa área: la de Trabajo.
Tales funciones de los inspectores del Trabajo no son menores, sino que significan el ejercicio concreto del poder de policía del Estado de la Ciudad en materia de control sobre el trabajo esclavo, precarizado y en negro; el trabajo infantil, los talleres clandestinos, los derrumbes en obras, las leyes de seguridad e higiene en el trabajo y demás normativa vigente.
En mayo de 2013, en el edificio alquilado donde funciona la Subsecretaría, sito en Bartolomé Mitre 575, varios trabajadores que desarrollaban sus tareas en el subsuelo sufrieron intoxicación por monóxido de carbono. Dicho incidente se puede corroborar con las intervenciones del SAME, Emergencias, Bomberos de la Policía Federal y Metrogas. Enterada la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, intentó realizar inspecciones en la Subsecretaría y le fueron impedidas por las autoridades. En su momento denuncié penalmente estos hechos, dado que es incongruente que la autoridad del Trabajo incumpla la normativa de seguridad laboral que precisamente debe hacer cumplir en la Ciudad.
Las persecuciones a la Junta Interna se fueron agravando. En noviembre de 2013 y en base a la falsedad de que la Junta Interna no llega al 10% de afiliados exigible para ser reconocida, el Ministerio de Modernización de Mauricio Macri desconoció el derecho a realizar elecciones. En igual sentido antidemocrático, el subsecretario y contador Ezequiel Sabor impidió el acto eleccionario dentro del edificio y el mismo debió ser realizado en la puerta.
En ese marco, las máximas autoridades de la Subsecretaría vienen profundizando sus lamentables prácticas persecutorias en contra de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de ese organismo y, muy en particular, en contra de los delegados que integran la Junta Interna de ATE.
Concretamente, hubo negativa a asignarle tareas, órdenes de trabajo y qactas inspectivas al Ingeniero Edgardo Castro, inspector del área de Higiene y Seguridad en el trabajo y delegado general de ATE. En un momento, incluso, el subsecretario Sabor intentó prohibirle el ingreso a su lugar de trabajo. Castro fue el inspector que en 2008 solicitó a la Subsecretaría la clausura del depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas dada la cantidad de irregularidades detectadas y que este año hizo lo mismo en relación al depósito de la misma empresa en La Boca. En forma personal, el 24 de febrero de 2014 acompañé a Castro a elevar ese pedido formal al subsecretario Sabor y a su Director General de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, quienes lamentablemente desoyeron tal solicitud de clausura.
Como Castro ha realizado denuncias públicas sobre las irregularidades en las inspecciones, últimamente lo han desafectado de inspecciones a establecimientos y sólo le adjudican tareas de segundo orden en relevamiento de consorcios.
Asimismo, a otro miembro de la Junta Interna de ATE, el Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo Oscar Seguel, aduciendo supuestas ausencias injustificadas, en el pasado mes de abril y sin siquiera darle aviso previo le abonaron la suma de 94,63 pesos (ver recibo abajo). No solamente es falso imputarle a Seguel las antedichas ausencias, sino que semejante descuento resulta arbitrario, ilegal e inconstitucional ya que afecta sus derechos alimentarios. Pese a que un subsecretario anterior, Miguel de Virgiliis, ordenó promover a Seguel como asistente de inspectores dada su capacitación, Sabor lo mantuvo en tareas de chofer aun después de obtener su título de licenciado.
En el Sector Servicios, donde trabaja Seguel, por orden del jefe de gabinete de Sabor, el Sr. Corvalán, retiraron la computadora. Llamativamente además, hace pocos meses, el teléfono de la flota oficial que Seguel tenía asignado fue denunciado por “robo”… pero por algún funcionario que no es él. Y para colmo, en el domicilio de la madre de Seguel, una señora de 92 años, se intentó realizar una sorprendente inspección laboral a raíz de una supuesta “denuncia”. Por supuesto, después verificaron que era una vivienda particular y sin ningún tipo de trabajo irregular.
Similar persecución padece Hugo Alberto Reyner, abogado, que trabaja en el área de Normativa Laboral. Ha sufrido falta de pago de su sueldo en los meses de marzo y abril del 2013 sin ninguna explicación, ni posterior retribución al daño causado. También se le niega reconocimiento de la franquicia horaria para realizar actividad sindical, se obstaculiza su labor sindical y existe negativa a asignarle tareas de inspección de normativa laboral pese a su capacitación profesional al respecto. Asimismo, hace poco las autoridades le han negado el aumento salarial general acordado para todos los trabajadores de asistencia técnica de la Subsecretaría.
Por su parte, María Alejandra Stohbaver, abogada sumariante en el área de Asuntos Jurídicos y también integrante de la Junta Interna de ATE, al momento de presentar este proyecto se encuentra con licencia psiquiátrica por 30 días producto del estrés por el hostigamiento de las autoridades: destrato y acoso permanente, descuentos salariales injustificados, no reconocimiento de días de vacaciones, negativa a recibirle notas por lo que debe ingresarlas por mesa de entradas, amenazas a sus pares, etc.
A fin de contribuir a que justamente en el organismo estatal a cargo de proteger a los trabajadores no se persiga a sus propios trabajadores y delegados, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
