Proyecto de Declaración
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio ante la Resolución Nº 2.711/12 dictada por el Ministro de Educación, Lic. Esteban Bullrich, por la cual se separa de sus cargos a la directora, la vicedirectora, la secretaria, dos docentes y un bibliotecario de la Escuela Nº3 DE 18º, por constituir una arbitrariedad disciplinatoria y un atropello a la libertad de expresión y la pluralidad de ideas que deben regir en la escuela pública. Asimismo, insta al Ministro a disponer la inmediata reversión de dicha medida y a la consiguiente reintegración de los seis trabajadores de la educación a sus cargos y tareas habituales.
Fundamentos
Sra. Presidenta:
El pasado 20 de marzo, tal como ocurrió en centenares de escuelas públicas de nuestra Ciudad, trabajadores docentes de la Escuela 3 del Distrito 18, en el barrio de Monte Castro, expresaron su rechazo al intempestivo cierre de cursos y grados ordenado por el ministro de Educación. En este caso, lo hicieron a través de una teatralización obviamente crítica.
Cabe recordar que dicho cierre generó un prolongado conflicto con la comunidad educativa -docentes, alumnos y padres- que incluyó numerosos paros, movilizaciones y otras medidas de protesta. Tan ilegítima era la medida, que el ministro tuvo que ordenar la reapertura de al menos la mitad de los cursos que pretendía cerrar.
La Resolución 2.711, sin precedentes en la Ciudad durante la vigencia del orden constitucional, significa lisa y llanamente un intento no sólo de sancionar duramente la libre expresión de los docentes de la Escuela 3 sino también, por la vía ejemplificadora, de amedrentar al conjunto de los trabajadores de la educación pública porteña.
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del gobierno porteño inició una actuación sumarial para investigar los alcances de la parodia y tras la intervención de la Procuración General se resolvió separar a los seis docentes. El argumento es “haber vulnerado varias de las obligaciones contempladas en el artículo 6 del Estatuto Docente”.
¿Considerará acaso el ministro que los seis docentes sancionados transgredieron el inciso a), “sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos”? ¿El b), “inculcarles a los alumnos el respeto por los derechos humanos y el sentido de la Justicia”? ¿El c), “observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres y con las normas de la ética en el comportamiento social”? ¿El ch), “desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo”?
Los graves antecedentes de un Jefe de Gobierno procesado penalmente en firme por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales; de un Ministerio de Modernización que resolvió cercenar el derecho de asamblea; de un Ministerio de Educación que ordenó la confección y elevación de listas de docentes y estudiantes que adhirieran a medidas de protesta, y de un ministro que hizo abrir una línea telefónica 0-800 para recibir denuncias de “actividad política” en las escuelas y que ahora resuelve castigar a seis docentes que lo criticaron, en nada aportan al necesario respeto a los más elementales derechos democráticos por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
En este contexto, urge la reversión inmediata de la Resolución 2.711/12 y la reintegración de los seis docentes a sus cargos y tareas habituales.
